Ética Periodística a Principios del Siglo XXI - Monitorando

Tienen que transcurrir veinte años desde la Declaración Americana para que la
Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en Costa Rica en
noviembre de 1969, aprobara una Convención sobre el tema, conocido como “Pacto de
San José”. En este Pacto se abordan de manera más concreta las cuestiones relacionadas
con la libertad de pensamiento y de expresión. La Convención contempla la existencia
de dos órganos jurisdiccionales destinados a conocer y denunciar las violaciones de los
derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La competencia de estos organismos se extiende
al conjunto de los Estados que han ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.
En julio de 1976 se celebra en Costa Rica la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, promovida por la
Unesco. En sus conclusiones, la Conferencia reconoce el derecho a la comunicación
“como principio que se deriva del derecho universal a la libre expresión del
pensamiento, en sus aspectos de acceso y participación” (Observatorio Iberoamericano
de la Libertad de Prensa -OILP- , 2009). También acordaba la potestad de los Estados
para la formulación de políticas y planes nacionales en materia de comunicación social,
reconociendo las peculiaridades de cada país, así como la posibilidad de crear Consejos
Nacionales de Comunicación, como instrumentos destinados al desarrollo de una
cultura democrática.
Es la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) la que organiza en marzo de
1994 en México, la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión de la que
surge la Declaración de Chapultepec. Marca un momento singular en la tutela
internacional, especialmente de los Estados Unidos, sobre “las débiles estructuras
democráticas de las naciones de América Latina, en unos años donde siguen siendo
habituales las coacciones, las amenazas y los atentados contra los medios y sus
profesionales” (OILP, 2009). Aunque la Declaración no tiene un carácter vinculante
entre las naciones de la región, el texto dio una proyección de gran consenso debido a
que fue firmada por 27 presidentes o primeros ministros e innumerables figuras
públicas. La Declaración incluye un decálogo de principios sobre la libertad de
expresión que giran en torno a los desarrollos normativos y los amparos legales, en el
marco del Estado de derecho, pero no enuncia en ningún caso “las prácticas restrictivas
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