Ética Periodística a Principios del Siglo XXI - Monitorando

cada ciudadano puede construirse una sociedad
libre.
Por lo tanto, en los textos jurídicos, constitucionales, e incluso en la Declaración
Universal de Derechos Humanos es común encontrarse la mención del derecho a la
intimidad, pero comparado en la práctica son pocas las referencias específicas que se
hace uso a la protección a este derecho ligado en la actividad de Internet. Sin embargo,
en España se puede señalar el artículo 18 sección 4 que dicta:
La ley limitará el uso de la informática para garantizar
el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Es por lo tanto en esta sección quien este organismo declara el derecho a la intimidad de
los usuarios en el uso de Internet, al igual que la inviolabilidad de su domicilio, que en
este caso sería virtualmente hablando ya que se puede realizar a través de la red. El
límite que impone la ley en el uso de la informática no se puede interpretar
exclusivamente recogido en este artículo, como dice ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J.M.
(1999, p. 15): La defensa de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos frente
al uso indiscriminado de los medios informáticos.
Se debe abordar el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental que va más allá de
las propias garantías que cualquier texto jurídico pueda abordar, ya que la intimidad de
cada persona no debe violarse a través de los mecanismos virtuales. Para ello, el
Tribunal Constitucional español 254/1993, fundamento jurídico 60., reiterada en otras
sentencias por la violación de este derecho contempla de la siguiente forma:
Nuestra Constitución (la española) ha incorporado una
nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los
derechos de la persona. (...) Estamos ante un instituto de
garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la
intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo,
un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad
frente a las posibles agresiones a la dignidad y a la libertad
de la persona provenientes de un uso ilegítimo del
tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución
llama "la informática".
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