Ética Periodística a Principios del Siglo XXI - Monitorando

códigos deontológicos países como Brasil (1987), Colombia (1990), Costa Rica (1991),
Cuba (1994), Ecuador (1980), Chile (1994), Panamá (1980) y Perú (1988), Venezuela
(1988). A nivel regional se han desarrollado dos códigos deontológicos: el Código
Latinoamericano de Ética Periodística de la Federación Latinoamericana de Periodistas
la Prensa (FELAP), en 1979; y el Código de Ética Profesional de CAMWORK
(Asociación Caribeña de Trabajadores de los Medios) en 1988. Existen también
códigos desarrollados por los propios medios de comunicación: La Nación (Argentina);
El Comercio (Perú); Reforma, El Nacional, El Economista (México).
3.2. Matar al mensajero
El Estudio sobre el Asesinato de periodistas (2008) realizado por la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, asegura que “el asesinato de periodistas y
comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico,
constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión” (2008: p. 11).
El asesinato, además de violar su derecho a la vida y a expresarse libremente, vulnera el
derecho de recibir y buscar información por parte de los ciudadanos. La Relatoría
Especial señala en este estudio que se elimina a aquellos periodistas que realizan
investigaciones sobre abusos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios
públicos, organizaciones o particulares en general, con el fin de que sus investigaciones
no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como
represalia de estas.
El miedo a perder la vida o sufrir agresiones provoca en muchos periodistas un
efecto que no deja de ser grave en una sociedad democrática: la autocensura. Un colega
muerto es un mensaje directo al resto de profesionales de la información a los que se
busca amedrentar. A esto se suma la impunidad de los crímenes y la apatía por parte de
los estados en las investigaciones para condenar a los culpables, denunciado
insistentemente por la Relatoría Especial. La falta de esclarecimiento de los hechos y la
impunidad se deben a “la falta de investigaciones adecuadas, y en su mayoría, la falta
de identificación de los autores de los crímenes o de la totalidad de ellos, la ausencia
de capturas, y la inexistencia de juicios y sanciones” (2008: p. 40)
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