Ética Periodística a Principios del Siglo XXI - Monitorando

Los correos electrónicos antes de alcanzar su destino circulan por la Red, llevando
consigo los datos que lanza el emisor al receptor, usando una serie de soportes técnicos
y servidores, que en su mayor parte son privados. Son textos abiertos en cualquier etapa
intermedia, es decir, que en su distribución pueden ser leídos y detectados su remitente
y su destinatario. La propia Ley española 11/1998, del 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en su artículo 49 dicta así:
Impone el deber de secreto de las comunicaciones a
los operadores que presten servicios de
telecomunicaciones al público o exploten redes de
telecomunicaciones accesibles al público.
Es evidente que a los terceros no sean proveedores de servicio les son de aplicación de
esta ley en caso de que sus actos de injerencia sean ilícitos. La complejidad jurídica
ligada al mundo digital, en particular al correo electrónico, hay que sumarle que su
tratamiento no es el adecuado para el secreto de las comunicaciones ni de la propia
intimidad del remitente y el destinatario.
En general, parece que en el ámbito laboral se puede administrar cierto control dentro
del uso del correo electrónico, en cuanto a los destinatarios, pero la apertura parece una
medida desproporcionada en principio. Sin embargo, aunque Francia y Alemania lo
estipulen así, en Gran Bretaña no ocurre lo mismo. En el caso español entra en una
paradoja, ya que en el ámbito laboral tenemos casos que han trascendido de manera
importante a la opinión pública y a los medios de comunicación, como los despidos
disciplinarios por el mal uso del correo electrónico de una conocida entidad bancaria
que fueron analizados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia
del 14 de noviembre del 2000, en donde recogían que la utilización por parte del
trabajador de los medios informáticos con que cuenta la empresa, en gran número de
ocasiones, para fines ajenos laborales hacen precedente la reacción empresarial
consistente en el despido disciplinario tal y como recoge FERNÁNDEZ, J. J. (2004: p.
108). Es sabido que el contrato de trabajo conlleva una facultad de control referida al
cumplimiento de la obligación contrata. Pero, ¿hasta que punto la empresa que nos
contrata puede manejar nuestros datos y actividades que realizamos en nuestra vida
común, y en especial, con el uso del correo electrónico?
358