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Debiera de estar regulada la capacidad de ofrecer un servicio sanitario en todas susdimensiones indiferentemente de la condición de la persona que lo necesite. Para ello,se exigió al ministerio de Sanidad el reconocimiento de la atención sanitaria a loscolectivos más vulnerables, ya que de ser rechazado, las consecuencias serían relevantesen términos de salud pública, dándose un empeoramiento que ejercería una influencianegativa que podría afectar a la estructura descentralizada de la salud española.El Ministerio de Salud justificó los recortes efectuados declarando que daratención sanitaria universal conllevaría a promover el mantenimiento de situaciones deilegalidad. Además declaró que los ciudadanos sin residencia serían atendidos según lasituación sanitaria que presentasen.Ante realidades adversas, respuestas contundentes. Las ONG denuncian lasituación sanitaria pública tras los recortes llevados a cabo.Las ONG denunciaron en abril de 2013 qué se siente como asociaciones dedicadas arecoger a las personas rechazadas por el sistema público de salud.Una de estas organizaciones, Médicos del Mundo, declaró que el 62% depacientes que atiende aseguran haber sido rechazados por el sistema. (El Día,11/04/2013). Además denunció que el 80% de las personas que acudieron a su amparodeclaró que no podían acceder a la salud pública sin pagar los costes totales previamenteestablecidos, cuando el servicio sanitario es algo gratuito y universal. Según el informede Médicos del Mundo, España no se sitúa en buen lugar en la atención sanitaria apersonas sin recursos, especialmente a inmigrantes, que cuentan aún con menosderechos.Mutuma Ruteere, enviado especial de Naciones Unidas a España declaró que «seha producido una regresión en los derechos humanos entre la población inmigrante»,incidiendo en particular al acceso al sistema de salud estatal.Por consiguiente, el presidente de Médicos del Mundo Álvaro González exigióel derecho de los profesionales de la salud a prestar asistencia sanitaria a sus pacientes,sin importar el origen étnico o social. Por ello el informe redactado pretende instauraruna política pública coherente para la prevención y tratamiento de las personas querequieran de asistencia independientemente de su condición.Todo esto se da en un contexto en el que se han denunciado las dificultades pararecibir asistencia sanitaria por carecer de documentación o capacidad económica. (ElPaís, 25/04/2013). Prueba de ello son las múltiples organizaciones sociales quedenunciaron las dificultades y trabas que encontraban las personas inmigrantes ensituación irregular para poder ser atendidas de sus dolencias o problemas. Según lanormativa, son personas fuera de la cobertura del sistema público de salud.Pese a las declaraciones de la Consejería de Sanidad canaria, en las que afirmóque se daría cobertura médica a pesar de la indocumentación de las personas, la realidadexpone cómo muchas personas se están quedando fuera de ser atendidas, discriminadas101