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ellas no pagan al tratante a la hora de ir a la esperanza, que es Europa, ponen en riesgosu vida y la de sus familiares». Por ello la coacción, persuasiva y controladora, hacía delsilencio la máxima de unas mujeres explotadas que convertía la identificación de lasmismas en tarea casi imposible. La violencia física formaba parte del proceso detraslado, donde la intimidación y amedrentación de éstas era un paso crucial para laperpetuación de tan grave delito de tráfico de personas.Por todo ello, se declaró que el protocolo de actuación y protección edificado anivel autonómico, mejoró la eficacia contra las mafias de trata de personas y reflejó elmito de salir de dicha situación, diciendo que es algo que todas quieren, pero que muypocas lo consiguen. En este segundo artículo se expuso cómo la modificación legislativaal respecto había permitido aumentar la eficacia en la lucha contra las mafias quemueven los hilos de la mercantilización sexual de las mujeres. Se consiguió que lasvíctimas identificadas tras las operaciones policiales pasasen a ser tuteladas por laAdministración a lo largo de treinta días para reflexionar y decidir si denunciar o no asus explotadores. En caso de denuncia, los beneficios se mostraban en forma de apoyosocial, documentación y permiso de residencia en territorio español así como unaformación dedicada a abrirles las puertas del mercado laboral nacional. En caso de nocolaboración, eran devueltas al lugar de procedencia en condiciones de seguridad. (LaVoz de Galicia, el 11/11/2013).A pesar de la colaboración administrativa y el amparo gubernamental, soncuantiosos los casos en los que estas mujeres no pueden ser protegidas a consecuenciade los extensos recursos de explotación de las redes mafiosas y organizacionescriminales. Es apreciable cómo la coacción supera la protección oficial y somete a lasmujeres a un estado de latencia en el que no se les permite denunciar a sus opresores.Con todo, la nueva legislación al respecto se hace eco de los inconvenientes de estassituaciones de control por el miedo, permitiendo su elección de denunciar o no y noexpatriándolas desde un principio, tal y como se actuaba hasta la modificación mentada.En palabras de una abogada de asesoramiento jurídico a las afectadas «hacen faltatodavía muchos recursos. Se han dado pasos muy importantes, pero aún estamos lejosde poder ofrecer la integración a las personas que deciden salir de estas redes».Aitzol García publicaba en el periódico vasco Deia, el 14/10/2013, cómo resultauna trágica realidad que en Europa existen por lo menos 900.000 esclavos a manos deestas organizaciones delictivas de explotación y tráfico de personas. 270.000 sonvíctimas de la explotación sexual, tal y como figura en un estudio sobre criminalidadrealizado por una comisión especializada de la Eurocámara. La comisión del ParlamentoEuropeo aprobó el correspondiente informe, denominado CRIM, en el que se baraja unbeneficio no inferior a los 25.000 millones de euros anuales. Este informe incluyedelitos propios y relacionados con la explotación sexual como el blanqueo de dinero, lacorrupción que fomenta la reproducción de una cada vez más extensa empresa, el tráficode personas, animales, armas y órganos, así como la criminalidad propia de Internet.Todo ello bajo unos índices de beneficio de unos 120.000 millones de euros anuales.Ante estas alarmantes cifras que no hacen sino fomentar la continuidad de la práctica delas mismas, los eurodiputados reclaman en el informe que las autoridades policiales y160