LqfMF

Amparo afirmó que «para poder ayudarlas (víctimas de explotación sexual) esnecesario tener absoluta conciencia del problema». Sólo de esta manera podríacomprenderse el calvario al que están expuestas desde su traslado a España. Lasamenazas y la coacción, yendo más allá de la propia amenaza personal, tiene un alcancefamiliar, por lo que la situación de silencio y no colaboración por parte de las mujeresexplotadas es más que comprensible. El miedo es el mayor control al que estánexpuestas, una vez superada esa barrera es difícil hacerlas retroceder, por lo quesuperado éste, la denuncia llegará al puerto en el que la condena haga sus frutos.Otra opción muy a tener en cuenta pasaba por el hecho que siendo el 90% de lasprostitutas, extranjeras, el mantener la denuncia y conseguir a cambio la certificación eidentidad nacional resultaba muy eficiente en contra de la mafia que las explota.Aunque esto resultaba una cara de doble filo ya que las prostitutas provenientes de otroslugares de Europa no requerían de dicha documentación por lo que se hallaban en lamás absoluta invisibilidad para proceder legalmente en contra de sus proxenetas.El problema de la jurisprudencia nacional pasa por la dificultad de aplicar lasmedidas de protección y por abordar el fenómeno desde una perspectiva de persecucióndel delito y control migratorio, lo que no hacía sino utilizar a la víctima como testigo.Por ello resulta un avance el considerarlas víctimas de la violencia de género y de estamanera, la atención y la ayuda serán prioritarias teniendo o no los papeles de residenciay a pesar de no colaborar con la policía.Se planteó el hecho de identificar a los clientes de la prostitución, al menoscomo testigos en la escena donde se ha cometido el delito, pero la negativa y lasrecriminaciones lo consideraron como un acto pueril y sin sentido, por lo que siendoquizás una conducta y actitud que permita mejorar la situación de estas mujeres, noresulta comprensible su rechazo. «Es necesario el reproche social a los clientes, ya queellos también atentan contra los derechos humanos de estas chicas», afirma AmparoDíaz. Según ésta, la Administración de Justicia no se posiciona claramente en lamanutención de la integridad de los derechos humanos, ya que no condena a la cadenade clientes que permite la reproducción del fenómeno en sí mismo.Siendo así, y según fuentes de la Delegación del Gobierno de Andalucía, resultaabsolutamente necesario dar el enfoque de violencia de género para poder combatir unproblema que ha contado siempre con permisividad social. Así se solucionaríanconflictos, y se moldearía la conciencia de aquellos que alimentan un negocio más querentable y del todo reprochable. Evitar la vulneración de los derechos sociales de lasmujeres es un paso crucial en la lucha contra la explotación sexual.Hasta ese momento, la trata de personas era considerada competencia de laFiscalía de Extranjería. En el marco de la nueva Estrategia Nacional, contra la violenciade género, estos casos pasarían a ser competencia de la Fiscalía para la violencia de laMujer, con lo que las víctimas estarían bajo un paraguas de protección más amplio yestable. Comenzaría el pensamiento necesario de considerar a las mujeres comovíctimas, y no, como parte del delito. Por ello Amparo Díaz reivindicó el reprochesocial y jurídico al fenómeno, a fin de evitar la vulneración de los derechos humanos.158