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Por su parte, Comunidades Autónomas como la de Andalucía mostrarán sucambio hacia la lucha contra la explotación sexual creando comisiones en pos de frenarla misma, siendo las víctimas, consideradas como víctimas de violencia de género.Informó sobre el asunto Patricia Rodríguez Pagés, de Sevilla el 20/08/2013, mostrandocómo la trata de blancas era el negocio ilegal que más dinero movía en el mundo sólopor detrás del tráfico de drogas. Denunció el hecho de que cada vez que una mujer eracoaccionada por estas redes mafiosas, se violaban todos sus derechos humanos, y sóloen Andalucía en 2012 se registraron 5.148 víctimas. Las catalogó como “Esclavassexuales del siglo XXI”, y condenó el hecho de que el proceso judicial y policial abiertocon cada una de éstas suponía una nueva coacción.Ante la magnitud del problema y a consecuencia de los datos mostrados, seconsideró conveniente amparar bajo la tutela de la Estrategia Nacional contra laViolencia de Género aprobada por el Consejo de Ministros, e incluir a las víctimas enun programa que las pudiese beneficiar y aportar el apoyo y los servicios que su puerilsituación requerían. Por ello se crearon comisiones de trabajo en las provinciasandaluzas para asegurar el mantenimiento de unas afectadas desamparadas en eldesierto legislativo y judicial. Dichas comisiones se compondrían de representantes delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el Instituto Andaluz de la Mujer,por Subdelegaciones del Gobierno, por las Unidades de Coordinación de la Violencia deGénero de la delegación gubernamental, por la Fiscalía de extranjería y del Turno deOficio especializado de abogados en un servicio pionero de atención y apoyo a lasafectadas.Dichas comisiones, cuyo trabajo es referencia en todo el país, ponen demanifiesto cómo España es uno de los Estados de la Unión Europea donde más mujeresson obligadas a prostituirse. Así lo señala uno de los últimos informes del Eurostat alrespecto, promovido entre los años 2008 y 2010. Amparo Díaz, coordinadora de esteservicio pionero en España, declaró que las mujeres afectadas viven en unainconsciencia del proceso en el que se ven inmersas, y por ello no van a declarar, lo quesupone una traba en su libertad de expresión. Como consecuencia directa, se mostrabandesamparadas ante un proceso judicial, en el que las ONG dedicadas a dar asistencia yapoyo no podían acompañarlas, por lo que se veían expuestas a un juicio muchas vecescareciendo de abogado, sin procurador, sin la posibilidad de interactuar y con pocos másrecursos que su simple declaración. Por ello, las instituciones implicadas, coincidieronen la necesidad de que resultaría más eficaz abordar el tema desde la perspectiva de lasvíctimas.Amparo Díaz declaró que «es necesario que confíen en la justicia para que noretiren la denuncia», para ello, abrió las puertas a encaminar el tema por la sendareferente a los derechos humanos, para así posibilitar la colaboración de éstas con lapolicía y permitir su posible actuación. El objetivo último es la elaboración de unosprotocolos de colaboración, hacer unos seguimientos concretos a las posibles afectadas,así como la consecución de los recursos de apoyo existentes, tanto estatales comoautonómicos, queriendo crear una base fuerte de apoyo a las afectadas.157