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administraciones locales por la que se va a alejar la prestación de los servicios socialesque atienden y orientan a estas mujeres; o con la desaparición de la asignatura deEducación para la Ciudadanía que formaba a los menores en el conocimiento de losfenómenos de la inmigración desde una perspectiva de desigualdad y alentaba a laconvivencia y el respeto de los derechos humanos de todos y todas.El Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia por la quesuspendía un desahucio en España en 2013 denunciado por la Plataforma de Afectadospor la Hipoteca, recordaba que la supresión de derechos humanos genera vulnerabilidad,indefensión e impunidad. Situaciones que según el contexto pueden suponer tratoinhumano o degradante e, incluso, tortura, porque el Estado debe ser el garante de estosderechos.Cada uno de los recortes en derechos tiene su efecto sobre las condiciones devida, posibilidades de integración y desarrollo de las potencialidades de estas mujeresque han desempeñado y siguen desempeñando funciones fundamentales para el Estadodel Bienestar, pero desdeñadas desde las políticas públicas. Las mismas políticas queahora justifican la eliminación de derechos como la exclusión sanitaria presentando a laspersonas inmigrantes como responsables del deterioro socioeconómico actual.Condenadas a la enfermedad y/o la muerteSi los recortes presupuestarios en la sanidad pública ya están cobrándose vidas inclusoentre las personas aseguradas 8 , la reforma para la exclusión sanitaria de las personas ensituación administrativa irregular está, de facto, impidiéndonos conocer siquiera susconsecuencias sobre las mujeres migrantes. A los problemas de salud generales a toda lapoblación, tenemos que añadir los riesgos a los que estas mujeres están siendoexpuestas cuando están embarazadas. Pese a que el Real Decreto de la ministra AnaMato recoge excepciones para garantizar la asistencia durante el embarazo, el parto y elposparto y en urgencias por enfermedades graves o accidentes hasta el alta médica asícomo la atención a menores, los dos informes anuales publicados por Médicos delMundo revelan cómo el caos administrativo en la coordinación entre los diferentesestamentos afectados y/o el desconocimiento de estos supuestos están favoreciendo queles sea denegada la atención a personas en tan delicadas situaciones o que se les estéfacturando los servicios médicos y/o los tratamientos farmacéuticos. Es más. La retiradade la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas –el Ministerio de Sanidad informó aNaciones Unidas de la baja de 748.835 tarjetas pero no especificó sus fuentes para elcálculo– ha provocado que ante el temor de ser identificadas, detenidas y/o deportadas,muchas de estas mujeres no se atrevan a acudir a los centros de salud, incluso enaquellas comunidades donde se sigue prestando cuidados médicos universales,Andalucía y Asturias.8VV.AA. 'Will austerity cuts dismantle the Spanish healthcare system?' BMJ, (2014)http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2363172