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internacional apelando a los artículos 3 y 8 (prohibición de tratos inhumanos y derechoal respeto de la vida privada y familiar) pertenecientes al Convenio Europeo deDerechos Humanos. Ante la justificación de la vulneración de sus derechos, la joven seaseguró gracias a la ayuda internacional, el mantenimiento de su hogar y en su defectoel seguro por parte del Gobierno de un realojamiento en caso de ser desahuciada.Por otro lado la presión ciudadana y la unión social ejercen también una fuerzacapaz de frenar injusticias de desalojos de vivienda. Ante la situación de un jovensenegalés, Gerrard Diao, estudiante de 17 años, con orden emitida de desalojo de suvivienda, y ante una situación de vulnerabilidad total al encontrarse solo e incapaz decomprender los regímenes normativos de una legislación nueva para él, solo la presiónciudadana consiguió frenar un desahucio que hubiera supuesto el final de un largocamino. (La Vanguardia, Bárbara Julbe, 19/02/2013).Éste pudo sentirse satisfecho ya que cuando iba a ser desalojado de su piso deSalt, localidad catalana, la presión ciudadana a través de la Asociación de Afectados porla Hipoteca (PAH) lo impidió. Vivía solo desde que su tío tuvo que irse de la vivienda,pero decidido a luchar, siguió habitando una casa que muy pronto le pretendieronarrebatar.Tal y como declaró tras la actuación ciudadana que evitó que se quedara en lacalle, «estoy muy contento por el apoyo que he recibido». El desalojo era una ordenhipotecaria proveniente del banco BBVA, que cegado por la codicia solo alcanza a verel color del dinero en vez de las lágrimas de sus deseos. Tal y como declaró la portavozde la asociación PAH en Girona, «el BBVA es de los bancos que están maltratando mása las personas afectadas».Esta misma asociación (PAH) de defensa de una vivienda justa, denunció enabril de 2013 la proliferación de pisos patera en Salt debido a los desahucios. Ante estaacusación, el consistorio negó que hayan aumentado las viviendas ocupadas porinmigrantes. (El Mundo, 24/04/2013).Se denunció que estos pisos patera, capaces de albergar en condicionesinfrahumanas a 15 ó 20 personas, estaban proliferando ante los cada vez más frecuentesdesahucios emitidos por el consistorio y auspiciados por la avaricia de los bancos. Talera la situación que las familias se habían visto obligadas a juntar unas con otras pararesidir en espacios reducidos ante la desatención de la administración pública.Además, las viviendas carecían de los servicios mínimos dignos para unapersona como son el agua o la electricidad por ejemplo. Por lo que las familiasextranjeras se veían sumidas y hacinadas a convivir bajo condiciones discriminatorias yvejatorias. Ante esta situación, y a pesar de las justificaciones de los portavocesinstitucionales, la concordia entre la PAH y la administración parecía misión imposible.Como conclusión, el conocimiento legítimo de que cualquier ayuda a las personasdesfavorecidas es capaz de mejorar su precaria situación.El Gobierno regional pretendió incidir en la información para mejorar el acceso adistintas ayudas públicas y de la misma forma, ayudar a las personas másdesfavorecidas y mejorar su bienestar social en la medida de lo posible. (El Correo,24/10/2013).134