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que las declaraciones puedan resultar peligrosas, tanto para el pueblo gitano, como parasus detractores.Una de cal y otra de arena. Ante la ola de odio racial, también está presente ladefensa de un pueblo vulnerable y casto.Por su parte, también han sido apreciables en los medios de comunicación estatales, ensu mayoría en artículos publicados en los periódicos nacionales, cómo ante el crecientecomportamiento de intolerancia hacia el pueblo gitano, se han generado paralelamentemultitud de movimientos sociales en defensa de una comunidad minoritaria y de largatradición social. Siendo así, Europa press publicó el 31 de enero una editorial en la queun Secretario del Pueblo Gitano consiguió brevemente la paralización de derribos en laCañada Real en Madrid. A través de la reclamación de la vulnerabilidad a la que seexponía a sus vecinos, paralizó el proyecto y estrategia de demolición de parte de lacomunidad periférica de la capital española. La FSG, entendió este acto como unaapertura para un nuevo periodo de reorientación de las acciones contra el espaciodeterminado por parte de la administración pública, un periodo de escuchar propuestas,negociar y velar por los intereses de dicha comunidad.Siendo la Cañada Real uno de los grandes asentamientos de infravivienda deEspaña, donde sus vecinos sobreviven carentes de los servicios básicos, vulnerables alantojo administrativo, se ha generado una plataforma de defensa que pretende paliar laindefensión de un colectivo excluido, a través de la compasión y la reorientación de unacomunidad capaz de desarrollarse bajo unas condiciones mínimas de apoyo social. Antela discriminación sufrida por las familias y vecinos, se exigen educación, sanidad y losservicios mínimos suficientes para poder llevar adelante una convivencia digna y unbienestar social equiparable al resto de ciudadanos de la capital. Y pudiendo extrapolarel caso al mapa estatal, las condiciones y los ruegos vendrían marcados y definidos enuna línea argumentativa similar.Más tarde se ha sabido que, la propia vecindad que había logrado la parálisis delos derribos a principios de año, había sido demolida “por orden judicial”, espoleada porla presión proveniente del ayuntamiento. Esto no muestra sino la satírica cara de unaadministración pública que ejerce su autoridad indiferentemente de la condición yvulnerabilidad de las víctimas y afectados que sufrieron las consecuencias. Así, lologrado por la Secretaria Gitana queda en papel mojado por una interminable lluvia deconveniencias institucionales. (El País, el 19/06/2013).Por lo tanto, la actitud del pueblo, o por lo menos la de su representación socialpresente en la administración pública, pone de manifiesto cómo la exclusión social, eneste caso del pueblo gitano, no es sino un fenómeno que debe moldearse acorde con lasconveniencias e intereses de la misma. Siendo así, y ante la creciente ola dediscriminación de una etnia histórica, los obstáculos en el camino de la tolerancia y laintegración comienzan a ser excesivamente grandes, solo salvables mediado el apoyopúblico proveniente de la sociedad en su conjunto.184