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social y que las cuotas debían ingresarse, siempre, por parte de su empleadora. El RealDecreto 1620/2011 reguló la relación laboral de carácter especial del sector,contemplando una mejora de algunas condiciones laborales. Sin embargo, el RealDecreto 29/2012, que entró en vigor en abril de 2013, matizó a la baja la mejorarecogida en la ley de 2011, abriendo la posibilidad a la negociación –cuando se trabajemenos de 60 horas al mes para una misma empleadora– sobre quién deberesponsabilizarse de la obligación de cotizar. Parece claro que la negociación entre dospartes entre las que media una abismal diferencia de poder se traduce en que son lasempleadas quienes ingresan la aportación propia y la correspondiente a la empleadora.Las condiciones sociales y laborales del empleo de hogar son malas paracualquiera. Pero su interacción con la normativa de extranjería lo convierten enespecialmente pernicioso para las mujeres migrantes. La sociología habla, a esterespecto, de la “progresiva etnización de los servicios reproductivos más desvaloradossocialmente”.El sistema de renovación de tarjetas de residencia: una invitación al abusoComo nos muestra el relato de Jamila, la crisis tiene graves consecuencias para lasmujeres inmigrantes que trabajan en el empleo de hogar. A la vulnerabilidad marcadapor el contexto de crisis y por el Régimen de Empleo del Hogar, se suma otra amenazay otra forma de producir precariedad: la que sufren las mujeres migrantes que tienen obuscan empleo y que, además, dependen del contrato para renovar su tarjeta deresidencia. En general, el sistema de renovación de tarjetas de residencia, que comohemos visto condiciona las renovaciones a la cotización durante, al menos, la mitad deltiempo de duración de la tarjeta, supone una continua angustia por conservar el empleopara no caer en la clandestinidad sobrevenida. Este proceso se puede alargar en eltiempo –la eternización del desarraigo. Lo hemos visto a través de la experiencia deJamila: una persona que entra en España clandestina –y son reducidísimas lasposibilidades de migración legal–, pasará en el mejor de los casos más de ocho añoshaciendo trámites casi de continuo. Este sistema, que funciona para toda la poblacióninmigrante como mecanismo de miedo y sumisión, es aún más duro cuando afecta atrabajadoras de sectores especialmente precarizados como el de los cuidados.Si prestamos atención a la realidad que provoca esta vinculación entrerenovación y cotización, en conjunción con la libertad que la normativa deja a lanegociación entre las partes en el sector del empleo de hogar, advertimos fácilmente quemuchas empleadas de hogar están pagando su cotización a la Seguridad Socialdescontada de su salario. Los hogares que las emplean también pasan, en ocasiones, pordificultades económicas. Pero este sistema invita a las empleadas a ofrecer, y a lasinmigrantes a aceptar, condiciones económicas abusivas con tal de poder renovar sutarjeta.La denuncia de la violencia machista: una trampa para las inmigrantesA pesar de las dificultades que una mujer migrante encuentra ante la doble precariedaddel sector de los cuidados y de la normativa de extranjería, me preocupa que Jamila se139