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la Organización Mundial de la Salud (OMS), y todo ello a edades cada vez mástempranas para evitar el rechazo al mismo. Pese a lo poco prometedor de las cifras deablación sexual, parece ser que comienza a darse un rechazo contra tan cruel práctica yque ésta, comienza a estancarse. Por ejemplo, Ignacio Baño, Director de la ONG MundoCooperante, indicó que la creciente y más estricta legislación al respecto, penaba concárcel aquellas mutilaciones femeninas expresas, a pesar de que dicha jurisprudenciapuede resultar muy diferenciada según el país en el que sea aplicada.Trasladando el caso a tierras españolas, unas 10.000 niñas están en riesgo de sermutiladas. La mayoría, hijas de inmigrantes subsaharianos que, una vez adentradas en laadolescencia, se les lleva a África para allí someterlas a la ablación. Debido a unacultura basada en la tradición, y a consecuencia de una conducta recia de no rechazo delas directrices establecidas en su patrón de vida, las mujeres mutiladas quieren mutilar asu vez a sus hijas para que éstas puedan casarse, relacionarse con el resto o recibir unadote de matrimonio de conveniencia. Según Baño, la ablación es una práctica alejada dela religión y más propia de factores culturales y vinculados a la tradición. Por elloestima que la ilegalidad de la acción no es suficiente, hace falta un proceso de educaciónque haga comprender el fenómeno en sí mismo para así poder reprimirlo. La plataformaMundo Cooperante por su parte ha ideado en Kenia, uno de los países donde se presentamayor índice de ablación de los órganos sexuales, una iniciativa que pretende sustituirla mutilación que evoca el tránsito a la vida adulta de las jóvenes keniatas mediante unacto de simbolismo no agresivo, además de generar una red de casas de acogida paraaquellas niñas y jóvenes que escapan de sus familias para evitar este sufrimiento.La problemática a nivel estatal se entrevé en la ignorancia de la medicinaespañola ante los casos en los que se ha practicado la ablación a las jóvenes víctimas.Sumado al hecho de que es una acción que no deja lugar a la recuperación una vezperpetrada la atrocidad. Por ello la vía más adecuada pasa por la prevención más quepor el remedio. Comunidades autónomas como Cataluña y Aragón han desarrolladounos protocolos específicos, centrados en la actuación policial para frenar lasmutilaciones y en adaptar la atención sanitaria, aportando una comprensión delfenómeno por medio de la educación sobre el mismo. Por su parte Aragón es la únicaregión española en la que la mutilación genital femenina estaba incluida en la LeyIntegral contra la Violencia de Género.Desde la perspectiva ginecológica, la clave ahonda en que los agentesimplicados en el bienestar femenino estén alerta en pos de la prevención de cualquiercaso, y de así ser, ponerse en contacto rápidamente con la fiscalía que ejecute ladenuncia al respecto. Por ello y por todo, las ONG reclamaron a la administración unamayor implicación en el tema, ya que pese a ser una práctica cotidiana en el seno demuchas culturas, se presenta como una realidad socialmente desconocida ytranscendente para los poderes públicos. Baño afirmó que «el coste de estar atento esalto, pero el coste de estas acciones es mejor. Si conseguimos que una sola niña no pasepor esto, todos los esfuerzos habrán merecido la pena».La prevención, la educación y la denuncia han de ser imprescindibles en el largoproceso que trata de atajar el sufrimiento de colectivos sociales de gran envergadura.Por ello, la protección de estas niñas y estas jóvenes pasan por adaptar la legislación amarcos de actuación más contundentes y efectivos.153