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construcción de una valla de 30km e instalaciones de régimen de cerrado. Lasorganizaciones a favor de los derechos humanos denuncian que las condiciones de estasinstalaciones son similares o incluso peores que las que existen en las prisiones.Además, se van a llevar a cabo redadas policiales en lugares muy frecuentados porrefugiados e inmigrantes. El objetivo del Gobierno es reducir a un tercio el número depersonas que entran al país de manera irregular, y al mismo tiempo expulsar al triple delas personas que se expulsan actualmente. Los activistas pro derechos humanos estánpreocupados de que estas nuevas medidas lleven a que la policía acose y excluyasocialmente a todas las personas inmigrantes. Mientras tanto, hubo una claramanifestación del sentimiento anti-inmigrantes en las protestas que se dieron aprincipios de noviembre en Sofía, la capital del país. Estas protestas fueron organizadaspor varios grupos políticos nacionalistas así como grupos de hinchas de futbol;incluyendo un partido parlamentario. Los que protestaban portaron pancartas en las quereivindicaban que iban a tomarse el asunto por su cuenta y que iban a “limpiar el país deescoria inmigrante”. La causa formal de las protestas era un ataque contra una mujerbúlgara de 20 años, supuestamente atacada por un inmigrante sin papeles de Argelia.Fuente PICUM.Italia. Una de las consecuencias de la tragedia de Lampedusa del 3 de octubre de 2013,ha sido que el Gobierno italiano haya reabierto el debate político acerca de la ley“Bossi-Fini”. La legislación italiana penaliza la inmigración irregular, y por lo tanto lasautoridades italianas tenían permitido iniciar trámites judiciales contra las personassupervivientes de la tragedia. Siguiendo la propuesta de dos miembros del “Movimiento5 estrellas”, el partido político liderado por Beppe Grillo, la Comisión de Justicia delSenado aprobó una enmienda que revocaría la penalización de la inmigración irregular,sin hacer una mayor reforma del sistema legal italiano. La enmienda propuesta todavíatiene que ser aprobada por el Senado y la Cámara de los Diputados, y aún tiene queconcretarse un consenso político. La Ministra de Integración italiana, la señora CécileKyenge, ha pedido al Parlamento que promueva la descriminalización de la inmigraciónirregular, y ha anunciado que el gobierno está actualmente trabajando en arreglar la ley“Bossi-Fini”, para incluir una “drástica reducción” del tiempo máximo en que losinmigrantes pueden ser detenidos por la administración. Mientras tanto, el periódicoitaliano La Repubblica ha iniciado una campaña que pide eliminar la ley “Bossi-Fini”, yen tan solo cuatro días había conseguido más de 100.000 firmas que fueron entregadasal Primer Ministro italiano Enrico Letta.Por otro lado, la fase de conclusión del procedimiento de regularización (conocidocomo Sanatoria en Italia) de 2012 señala que las peticiones que se han recogido entre el15 de septiembre y el 15 de octubre de 2012 fueron 1350.000. En este momento, laregularización es el único modo con el que las personas inmigrantes en situaciónirregular que están trabajando pueden obtener el permiso de trabajo en Italia. Estaregularización fue muy criticada, dado que quienes piden el permiso deben pagar unasuma de 1.000 euros, además de tener que demostrar su presencia en Italia antes de47
diciembre de 2011. En 2013 tan solo 135.000 fueron las peticiones realizadas, frente alas 380.000 que el Gobierno calculó que se llevarían a cabo. Maurizio Bove, de laconfederación del comercio CISL (Confederación Italiana del Comercio) denunció quelos candidatos, tras haber pagado 1.000 euros de contribución, se arriesgaban a perdersu derecho a la regularización por culpa de la actuación discrecional que reina en laprefectura cuando se comprueban uno por uno los casos. Fuente PICUM.48
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