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TRABAJOS ESPECIALES 225
o en la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, según sea federal o
local la Ley que creó a la universidad o institución de que se trate.
El 353-Q nos indica que las disposiciones de los contratos colectivos relativos
a los trabajadores académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos,
ni a la inversa, salvo que así se convenga expresamente.
Se aduce, con toda precisión, que no es procedente ni la cláusula de admisión
o de exclusión para el personal académico, lo cual es sumamente razonable,
ya que a dichos trabajadores se les contrata por sus merecimientos científicos
y no por preferencias de orden sindical.
Al personal administrativo tampoco se le puede aplicar la cláusula de exclusión,
aunque si puede estar sujeto a la cláusula de admisión, ya que se trata de
trabajadores que no requieren una previa evaluación científica.
El articulo 353-R exige que el aviso para la suspensión de labores en caso
de huelga, debe de darse por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha
señalada para suspender el trabajo, equiparándose así a las universidades con
los servicios públicos.
Creemos que este precepto es omiso, ya que sólo se refiere a un plazo mínimo
y no a un plazo máximo, dejándose abierta la posibilidad para que un sindicato
emplace a huelga, por presión, y conceda un plazo de seis a ocho meses de
prehuelga con los consiguientes perjuicios e incertidumbre que ello acarrea.
Se prevé también en este precepto la posibilidad de señalar lo que se conoce
con el nombre de "personal de emergencia" para evitar que la suspensión pueda
perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento
en curso.
Al respecto pensamos que se debe de agregar una disposición que por razones
obvias declare improcedentes las huelgas por solidaridad en las universidades
o instituciones, ya que de no hacerse así, se puede hacer negativo el espíritu
de toda esta iniciativa.
Seria absurdo que si el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad
de Puebla emplaza a esta universidad por cualquier violación de su
contrato, se emplace también, por solidaridad, a la Universidad Nacional, a la
Universidad Iberoamericana, al Politécnico Nacional y al Tecnológico de Monterrey
y suspendan las labores en dichos centros de cultura.
Pensamos que se debe reconocer expresamente el derecho de huelga de los
trabajadores académicos y de los administrativos, pero que para su procedencia
se le dé el mismo tratamiento que se da a los Trabajadores al Servicio del Estado
en la fracción X del artículo 123 constitucional, apartado B, o sea que sólo sea
procedente cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que
la Constitución consagra.
El artículo 353-S amerita una aclaración, ya que como está redactado puede
dar a pensar que está creando tribunales especiales que jurídicamente serian
anticonstitucionales.
Se dice que: "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje o las de Conciliación
Permanentes cuando deban conocer de algún asunto de las universidades, e instituciones
de educación superior autónomas por ley, se integrarán con el presidente
respectivo, el representante de cada universidad o institución y el repre-