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El primero de mayo de 1980 entró en vigor una serie de reformas de carácter
procesal a nuestra ya no tan nueva Legislación Laboral, que tuvo por objeto
agilizar el, en muchas ocasiones, empalagoso y resbaladizo procedimiento
laboral.
La intención del legislador fue sana y desde luego es digna de encomio.
En la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión se afirma que: "Ha
sido propósito fundamental del actual Gobierno, implantar una administración
eficaz para organizar el País, que contribuya a garantizar institucionalmente
la eficiencia y la honestidad en las acciones públicas. Cuando sociedades
como la nuestra crecen rápidamente, la prestación de los servicios queda
modificada en calidad. En materia de justicia tiene que haberla en plenitud, de
lo contrario la población vive en desconcierto, lo que resulta incongruente con
los principios esenciales que asimisma se ha dado, requiriéndose nuevas normas
que contribuyan a que la administración de justicia cumpla con los objetivos
que le ha impuesto el Articulo 17 Constitucional y que es responsabilidad
de los Tribunales. "
"El derecho es la norma de convivencia por excelencia. Las normas que
rigen al proceso, para alcanzar la justicia, deben obligar a la eficiencia. No basta
con la posible aplicación de una norma, también es menester que ello se haga
con justicia; y es necesario que se obre con apego al derecho y con rectitud y que
se haga con oportunidad, porque la misma experiencia histórica ha demostrado
que "la justicia que se retarda es justicia que se deniega n, "
Sin embargo, una cosa es la teoria y otra cosa muy diferente es la práctica.
Nuestro procedimiento ordinario anterior se desenvolvía en diferentes y
diversas audiencias: una de conciliación, demanda y excepciones, otra de ofrecimiento
y admisión de pruebas y otras más de desahogo de las mismas y realmente
no nos iba tan mal.
Ahora, y de acuerdo con las nuevas disposiciones legales, el procedimiento
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