Segundo Informe Trimestral 2012

V. INCORPORAR MECANISMOS PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN QUE PERMITAN AJUSTAR LAS MODALIDADES DE SU OPERACIÓN O
DECIDIR SOBRE SU CANCELACIÓN
Seguimiento y supervisión
Las acciones realizadas al 30 de junio de 2012, para dar seguimiento a la operación del
Programa de Vivienda Rural se describen a continuación:
Al segundo trimestre del 2012 se verificaron 10,532 acciones de vivienda en los
estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012 de las cuales 9,869, fueron supervisadas por las Instancias
Ejecutoras y 663 verificadas por FONHAPO.
VI. EN SU CASO, BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA LOGRAR
UNA MAYOR AUTOSUFICIENCIA Y UNA DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE LOS
APOYOS CON CARGO A RECURSOS PRESUPUESTARIOS
No aplicó al segundo trimestre de 2012.
VII. ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y
REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS
FONHAPO, como instancia normativa, establece la coordinación necesaria para garantizar
que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas
o acciones del Gobierno Federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones
busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar
la complementariedad y reducir gastos administrativos.
Lo anterior, a través de la coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con
dependencias del Gobierno Federal, las cuales se dan en el marco de las disposiciones
establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural y de la
normatividad aplicable en el ejercicio fiscal.
La instancia normativa celebra convenios con los gobiernos estatales y/o municipales, con
el objeto de atender a las familias en situación de pobreza patrimonial que viven en
localidades rurales o indígenas clasificadas como de Alta y Muy Alta marginación. En dichos
convenios, se establece, entre otros, el compromiso de las instancias ejecutoras de ubicar a
las familias a beneficiar, así como lo referente a las aportaciones de los participantes, de
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación.
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