3. pasaia 1930-1939. la memoria de los vencidos

El palacio de Salinas
se utilizó como sede de
la resistencia republicana
y así mismo
como cárcel de los
elementos reaccionarios
de Pasaia.
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1939, el General Francisco Franco firmó la Ley de
Responsabilidades Políticas, a través de la cual se imponía a los
encausados una determinada sanción económica, en función
de su participación en los hechos encausados en cada caso. La
aplicación de dicha ley se extendía no sólo a aquellas personas
condenadas por un tribunal militar, sino también a quienes
hubieran militado en alguno de los partidos ilegalizados en el
decreto del 13 de septiembre de 1936. Se consideraba también
motivo de enjuiciamiento haberse ausentado del territorio
nacional durante un plazo mínimo de dos meses. Esta Ley fue
derogada el 13 de abril de 1945, dado que el Gobierno consi-
II En cambio, no figuran en él ni los listados de los militantes de ANV, UHP ni SOV.
deraba que ya se habían cumplido los objetivos que con dicha
disposición se perseguían.
A fin de llevar a cabo este tipo de expedientes, desde el juzgado
instructor se solicitaron informes a todos los
Ayuntamientos, al jefe local de Falange, al párroco de cada localidad,
así como a la policía o Guardia Civil, en su caso. Estos
informes debían analizar el comportamiento político y social de
las personas referenciadas antes y después del 18 de julio de
1936 y detallar los bienes que tenían, así como el sueldo que
cobraban mensualmente en su lugar de trabajo.
En el Archivo Municipal de Pasaia se halla un escalofriante
expediente que recoge el nombre y apellidos de 841 personas
que, según el criterio de los sublevados, estaban incluidas en
alguno de los supuestos establecidos por esta ley, lo que
demuestra el control tan estricto que habían logrado tener sobre
la población civil 49 .
En esta documentación se afirma que habían pertenecido al
Comité de Defensa y Guerra de Pasaia, 22 personas. Otras 7 al
de Orden Público; 6 al de Finanzas, 31 al de Abastos y 2 al de
Investigaciones.
Por otra parte, el palacio de Salinas antes mencionado, es
calificado como cheka por parte de los falangistas. A su cargo se
encontraban 6 personas, mientras que una más actuaba como
delegado en el convento de Mirakruz, otras de las sedes ocupadas
por la resistencia republicana.
El informe no se limita a las acciones de guerra, sino que también
informa sobre la militancia política y sindical de los pasaitarras
antes del alzamiento franquista. Así, destaca los nombres
y apellidos de 9 sindicalistas de La Union en San Pedro-
Trintxerpe y 8 en Antxo; 9 de Avance Marino y otros 10 de La
Polar, el sindicato de maquinistas y fogoneros de Pasaia, a todos
los cuales atribuye labores de dirección dentro de los mencionados
sindicatos. El recuento se extiende por la militancia de los
distintos partidos y tendencias políticas. Destacan también los
apartados dedicados a las elecciones: candidatos, cargos electos,
interventores, apoderados... II
Los 841 nombres se convierten en 706 a la hora de analizar el
listado de responsabilidades políticas, si bien en este caso no
sólo se incluyen sus nombres y apellidos sino que en algunos
casos aparece un informe detallado de cada uno de ellos: dónde
vivía, dónde trabajaba, cuándo se había ausentado de Pasaia,
cuándo había regresado, y cuánto cobraba al mes. Este último
dato, que el Ayuntamiento solicitaba a las propias empresas, era
absolutamente necesario para calcular el importe que podían
incautar a cada una de las personas detalladas en dichas listas.
Por su importancia, y siendo uno de los objetivos de este trabajo
la recuperación de la memoria histórica, presentamos en el
apartado central del libro una síntesis de estas listas a modo de
apéndice, en las que hemos recogido el nombre de los fichados
y las acusaciones que les imputaba el gobierno franquista.