3. pasaia 1930-1939. la memoria de los vencidos

Trabajadores de la
Junta del Puerto
denunciados por no
incorporarse a sus
puestos de trabajo tras
la ocupación de Pasaia
en septiembre de 1936.
Archivo de la
Autoridad Portuaria
de Pasajes.
“Ruego a Vd. que con personas católicas de acrisolada moralidad
y lo más independientes posibles organice una bolsa de
trabajo que se encargue de resolver por mi delegación los
asuntos referentes a la admisión y no admisión de trabajadores
en las fábricas y talleres, con justicia para obreros y patronos,
bien entendido que nunca deben ser admitidos y sí por el contrario
detenidos, los que hayan tomado parte con las armas en
la mano contra el Ejército salvador de España, y la resolución
de casos dudosos que merezcan la intervención del Sr.
Delegado de Trabajo, se cursarán por esta dependencia con el
informe de los componentes del citado organismo queVd. presidirá
y de los que facilitará relación...”
En el mes de enero de 1937 se constituyó a nivel local un
Registro de Colocación Obrera, que determinaba que para ser
contratado en una empresa era necesario estar inscrito en el
citado Registro, si bien, como apunta Pedro Barruso, una parte
de los puestos de trabajo se reservaban para aquellas personas
que estaban en el frente, formando parte de las filas franquistas.
Pero las depuraciones se extendieron a todos los ámbitos de
la vida laboral y afectaron, de manera muy directa, a los trabajadores
de la Administración Local, ámbito más accesible a la
investigación, por lo menos en lo que respecta a Pasaia.
El 3 de diciembre de 1936 la Junta Técnica del Estado ordenó
la separación de todos los funcionarios que se considerara
que habían mostrado una actitud contraria al Movimiento
Nacional, así como el cese fulminante de los funcionarios que
no se hubiesen reincorporado a su puesto de trabajo.
En aplicación del citado decreto, en el Pleno celebrado el 23
de diciembre de 1936, la Corporación Municipal dejó cesantes
sin formación de expediente, dándoseles de baja en sus respectivos
puestos, toda vez que a pesar del tiempo transcurrido
no habían vuelto al trabajo, a estas 42 personas:
- Los alguaciles Santos Uranga, Casto Domínguez y Antonio
Isasa.
- Los serenos José Etxeberria, Antonio Aranzasti y Fernando
Etexebeste. De un cuarto trabajador sólo se cita su nombre:
José.
- El practicante Lorenzo Palacios Beitia.
- Los barrenderos Lázaro Dadíe y Virgilio Meneses.
- Los maestros Recaredo Besga, Trinidad Salaberria,
Hermógenes Palacio, Genaro Barrutia, y las maestras de párvulos
Honorata Goikoetxea y Clementina Iruretagoiena.
- Los profesores de solfeo Tomás Garbizu y Gelasio Aranburu.
- Los profesores de música Damián Puy y Leopoldo Ledesma
- El tamborilero Sebastián Etxeberria Iturbe.
- El tamborrero José Mª Gabarain Barrutia.
- Las limpiadoras Carmen Portabales, Conrada Fernández y
Justa Garayo.
- Los mecánicos José Mª Sistiaga y Pedro Iñarra.
- Los bomberos José Mª Intxaurrondo, Elías Flores, Ceferino
Loinaz, Jesús Oiartzabal, Isaac Oiartzabal, Cesáreo Ibáñez,
Julián Elizalde, Jesús Prieto, Juan José Sistiaga, José
Barandiarán y José Bikuña. De otro más sólo se cita el nombre:
José María.
- El cartero subvencionado Tomás Anabitarte.
- Los empleados del servicio de motoras, Marcial Sistiaga y
Eugenio Goikoetxea.
No obstante, la depuración no sólo se aplicó a quienes no
habían vuelto a incorporarse a su puesto de trabajo, sino que
afectó, de una u otra manera, a todos los funcionarios y empleados
municipales, aunque hubieran permanecido en el municipio
tras la entrada de las tropas franquistas.
Con el fin de cumplimentar el citado decreto-ley, cada
empleado debía presentar una declaración jurada de su comportamiento
durante los años de la República así como sobre
la actitud mostrada con ocasión de la entrada de las tropas
nacionales en Pasaia. A las citadas declaraciones se añadían a
continuación los informes de la Falange y del Cura Párroco del
distrito o municipio en que residiera. Tras ser informadas por