3. pasaia 1930-1939. la memoria de los vencidos

64 I
3.2 1934: La autonomía municipal
en peligro. La guerra del vino.
El alcalde detenido
El panorama electoral presagiaba claramente un cambio en las
esferas del poder. La ruptura habida entre republicanos y socialistas,
sobre todo a raíz de los sucesos de Casas Viejas (enero de
1933), trajo consigo que ambas fuerzas políticas se presentaran
por separado, lo que favoreció, a nivel del Estado, el triunfo de
la derecha, en esta ocasión completamente reorganizada.
Se abre así un periodo conocido como “Bienio Negro”
(época comprendida entre el triunfo de las derechas el 19 de
noviembre de 1933 y el 14 de diciembre de 1935, cuando se
disolvieron las segundas Cortes de la República, para dar paso
a unas nuevas elecciones), etapa totalmente reaccionaria que
fue dejando atrás los aires de cambio que se habían despertado
entre la población con la proclamación de la República y
en la que comenzaban a despuntar las ideas fascistas: El propio
Gil Robles, en el programa electoral de 1933, llegaba a
afirmar que “Al Parlamento o se le somete o se le hace desaparecer”.
Durante este bienio, el entendimiento del Gobierno con el
ejército y con la Iglesia fue cada vez mayor y, por el contrario,
las reformas iniciadas en la etapa anterior, aún con todas sus
contradicciones, conocieron un retroceso considerable. La política
económica se hizo cada vez más conservadora, la conflictividad
laboral fue en aumento, al igual que su represión por parte
de las fuerzas del orden, la reforma agraria se empantanó y las
tensiones en torno a los Estatutos de Autonomía fueron en
aumento, llegándose a suspender el estatuto de Cataluña en
1934.
Los sucesos posteriores conducirían la vida política hacia una
verdadera rebelión de los Ayuntamientos vascos, en la que aparecieron
nuevamente unidos los nacionalistas, los republicanos
y los socialistas.
En las Cortes españoles 140 diputados solicitaron la aplicación
del estatuto del vino, sin hacer diferencias entre las diversas
regiones del Estado. Esta propuesta, asumida por el ministro
de Hacienda Marraco, iba dirigida claramente tanto contra el
Estatuto de Autonomía como contra la aplicación del Concierto
económico vasco y de la autonomía municipal. En aquella ocasión
se estimaba que a raíz del impuesto que gravaba la venta
del vino, entraban anualmente en las arcas de las Diputaciones
Forales de Euskadi, entonces Comisiones Gestoras, y de los
Ayuntamientos vascos, unos 14 millones de pesetas, que se
dejarían de recaudar en caso de salir adelante la propuesta antedicha.
En el País Vasco, la actitud del ministro de Hacienda, que
justificaba su postura argumentando que “No se puede consentir
que haya fronteras dentro del Estado”, se interpretó como un
claro ataque contra las peculiaridades del sistema vasco de
finanzas y, como hemos dicho anteriormente, de la autonomía
municipal.
Los Ayuntamientos acudieron en masa a la Asamblea convocada
para el 5 de julio. Tras denunciar unánimemente la postura
del gobierno contra los Conciertos Económicos, decidieron
un calendario para la creación de una Comisión municipal permanente
en defensa del Concierto y de la autonomía municipal.