3. pasaia 1930-1939. la memoria de los vencidos

Veteranos de ANV, en
uno de sus encuentros
en Herrera.
140 I
que se dieron durante la guerra civil y la dictadura violan el
derecho internacional. Entre los abusos más graves figuran: torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, juicios
sin ninguna garantía 63 . También se mencionan los sufridos
por la población civil: “la toma de ciudades o localidades por
los alzados en armas fue con frecuencia seguida de prácticas y
tratos crueles, degradantes e inhumanos contra personas civiles
o desarmadas, incluida la violación y abusos de índole sexual
contra mujeres. La exposición y escarnio público de mujeres y
niñas con las cabezas afeitadas, debido a sus simpatías políticas,
por no ajustarse a los preceptos religiosos de los alzados y sus
aliados, o simplemente por sus vínculos familiares con personas
acusadas de pertenecer al bando republicano, son hechos narrados
de modo constante en numerosos pueblos de España. Hacer
beber aceite de ricino a los detenidos, ocultar a los familiares su
paradero, abusar y obtener de éstos cualquier beneficio a cambio
de información sobre sus seres queridos son cuestiones que
aún surgen en la memoria de quienes padecieron dicho período”
64 .
Al terror ciego e indiscriminado siguió un terror legal o formal,
de tal manera que, si bien continuaron las ejecuciones sin
juicio previo, se pretendió darles una cierta apariencia legal. En
el bando nacional, tras la proclamación del estado de guerra, la
mayoría de los juicios quedaron en manos de tribunales militares,
y fueron ellos los encargados de juzgar, por “resistencia
armada”, a quienes habían defendido la República legal,
haciéndolo en consejos de guerra instruidos rápidamente y sin
ninguna garantía judicial 65 . El análisis de los expedientes militares
nos lleva a afirmar que hubo juicios militares que no siguieron
los criterios generales, pues comprobamos que hubo sentencias
muy diferentes por causas similares en el mismo lugar y
época.
Según Javier Tusell, el número de víctimas que trajo la guerra
llegó al 1% de los habitantes del estado español. Si bien la destrucción
material no puede compararse con la que los estados
europeos sufrieron en la II Guerra Mundial, sí puede compararse
la destrucción humana 66 . En Euskal Herria sur, tras el
comienzo de la guerra del 36, fueron fusilados 5.000 hombres
y mujeres 67 . Cinco mil cuerpos enterrados en el olvido. Cinco
mil cuerpos sin nombre ni apellido, sin iniciales. Fría cifra sin
letra.
La oleada represiva que se produjo durante la guerra se acentuó
tras el triunfo de Franco, para impedir el más mínimo amago
de oposición al régimen. La represión alcanzó a amplios sectores
de la población, dejando una profunda huella en la sociedad.
Tampoco puede olvidarse el drama de los exilados, como
se refleja en el testimonio de Josefa Martínez Agulla.
Con el triunfo de los “nacionales” se institucionalizó la represión
68 a través de una gran cantidad de leyes especiales, promulgadas
para reprimir a quienes se habían opuesto al alzamiento.
La Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de
Represión de la Masonería 69 , fueron leyes cuyo único objeto era
reprimir. La Ley de Responsabilidades Políticas era aplicable y
se aplicó con efecto retroactivo hasta octubre de 1934 a todos
los partidos, sindicatos y formaciones republicanas y abertzales
del Frente Popular, a los anarquistas y a cuantos hombres y
mujeres se opusieron al ‘Movimiento Nacional’. La Ley de
Represión de la Masonería se aplicó a quienes proclamasen o
profesasen “ideas destructoras” contra la religión, la patria, las
instituciones y la armonía social. No cabe dejar de señalar que,
además de las sanciones económicas establecidas en la ley, la
labor de “limpieza” que a través de ella se realizó sobre empleados
de la administración, la judicatura y las instituciones de
enseñanza, especialmente sobre maestros y maestras, profesores
de instituto y maestras de ikastolas. Como consecuencia del
nuevo marco jurídico, muchos de los sancionados fueron desprovistos
de medios económicos, obligándolos a una vida prácticamente
marginal.
En 1938 entró de nuevo en vigor la pena de muerte en el código
penal, y desde que se generalizaron los tribunales militares
los acusados carecieron de garantías procesales, teniendo que
afrontar juicios sumarísimos sin presunción de inocencia.
Defensa sin garantías puede constatarse en los expedientes de
los consejos de guerra de Lorenzo Mancisidor Untzeta, José
Manzisidor Ibarguren o Angel Lorenzo Ansola; en ellos, la
defensa, en lugar de garantizar el amparo judicial, se limita a
pedir clemencia. En ocasiones se juzgó a grupos de personas,
sin tan siquiera individualizar las responsabilidades de los acusados;
ejemplo de ello son, entre otros, los casos de Juan Aldai
Sarasola, Laurentzi Manzisidor Untzeta, Juan Puidado Gallego,
Francisco Rabaneda Postigo, Angel Lorenzo Ansola y Luis
Taboada Puy, procesados en Santoña. Las autoridades inducían
a denunciar a quienes se posicionaron a favor de la República,
creando un estado de miedo y desconfianza. Muchas denuncias
contra particulares no fueron sino pretexto para vengarse por
viejas querellas, y era muy difícil rechazar este tipo de acusación,
pues las instituciones judiciales no se tomaban mucho trabajo
en verificaciones.
El alcance de la represión una vez terminada la guerra puede
constatarse por el número de presos políticos. Antes de la guerra
la población reclusa no superaba las 10.000 personas; en