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En la práctica las reformas sociales fueron empleadas como un instrumento de
poder.
Primero: constituyeron un eficaz dique contra toda clase de
explosiones revolucionarias que tuvieran raíces sociales. segundo:
hicieron del Estado un Estado comprometido (aunque a su arbitrio)
con los intereses de las clases populares. Facilitaron que se
pensara y teorizara la revolución como revolución socialista, y al
Estado como el Estado del pueblo. Daban al statu quo un consenso
tan sólido, que ni las más violentas convulsiones internas llegarían a
ponerlo realmente en peligro. (Córdova, 1993: 110)
Además del momento de institucionalización de la Revolución, que se revisó en
este apartado, y acorde a los fines de esta investigación, se revisará el período
correspondiente al lanzamiento de un programa de industrialización urbana. La
Revolución pasa de una fase agro-indígena a otra industrial. Todos los ideales
originales de la Revolución —el ejido comunal como nuevo eje del México rural,
la redescubierta población indígena como baluarte de la nacionalidad mexicana,
el sindicato como defensor del trabajador urbano, la expropiación de los
recursos subterráneos como contrapeso del capital extranjero— se
subordinaron a las metas de la modernización, a través de la industria y la
tecnología agrícola.
El ecléctico discurso oficial de la continua revolución no omitió los objetivos
sociales clásicos de los años heroicos, sino que simplemente les adhirió la
nueva prioridad del rápido desarrollo económico. El Partido de Revolución
Institucional (PRI) podía conservar sus sectores revolucionarios básicos —
agrícola, obrero y popular— sin impedir que el gobierno abriera sus puertas a
organizaciones representativas de los nuevos industriales capitalistas (Hale,
1996: 822).
El período de industrialización posrevolucionaria será discutido como contexto
al análisis del LTG publicado en 1974, esto a través de la reflexión sobre el
ideario de los gobiernos posteriores al mandato de Lázaro Cárdenas, cuya
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