15 Capítulo IV RECURSOS NATURALES ... - UN-Water

evaluación no es factible. Las actividades proyectadas comprenden no sólo la utilización
de acuíferos transfronterizos, sino también otras actividades que tengan o puedan tener un
impacto en esos acuíferos.
3) Muy diversos tratados y convenciones establecen la obligación que incumbe al
Estado que proyecta una actividad determinada. Por ejemplo, el Acuerdo de la ASEAN
sobre la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales (1985) establece la
obligación de "esforzarse por llevar a cabo un estudio del impacto ambiental antes de
emprender cualquier actividad que pueda crear un peligro o afectar significativamente al
medio ambiente o a los recursos naturales de otra Parte Contratante o al medio ambiente o
a los recursos naturales fuera de la jurisdicción nacional". El Convenio Africano sobre la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (2003) crea la obligación de
"velar por que las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y actividades que
puedan afectar a los recursos naturales, ecosistemas y al medio ambiente en general sean
objeto de una evaluación de impacto adecuada en la fase más temprana posible".
El Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las
aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas (1998) establece que "las Partes
adoptarán las disposiciones necesarias para que los proyectos y actividades objeto de este
Convenio que, en función de su naturaleza, dimensiones y localización, deban ser
sometidos a evaluación de impacto transfronterizo, lo sean antes de su aprobación". Por su
parte, el Protocolo adicional al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente
dispone en el artículo 8 que todas las actividades que se realicen en el área del Tratado
Antártico estarán sujetas a procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
4) La importancia del estudio del impacto ambiental se señala también en los
instrumentos preparados por las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Carta sobre la Gestión
de las Aguas Subterráneas (1989) preparada por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa establece que "todos los proyectos de cualquier sector económico que
puedan afectar negativamente a acuíferos deben ser objeto de un procedimiento de estudio
para evaluar su posible impacto sobre el régimen de aguas y/o la calidad de los recursos
subterráneos, prestando especial atención a la importante función que desempeñan las
aguas subterráneas en el ecosistema". En el capítulo 18 del Programa 21 (1992),
"Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: Aplicación de
75