15 Capítulo IV RECURSOS NATURALES ... - UN-Water

criterios integrados para el aprovechamiento, gestión y uso de los recursos de agua dulce" se
propone que todos los Estados deberían "[e]valuar obligatoriamente el impacto ambiental de
todos los principales proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos que puedan
perjudicar la calidad [del agua] y los ecosistemas acuáticos".
5) Los resultados de la evaluación contribuyen a la correcta planificación de la
actividad. También constituyen la base de los otros procedimientos previstos en los
párrafos 2 y 3. Esos párrafos establecen un marco procesal destinado a evitar controversias
en relación con las actividades proyectadas. Cuando la evaluación de los posibles efectos
de una actividad proyectada, realizada de conformidad con el párrafo 1, ponga de
manifiesto que esa actividad afectaría negativamente a los acuíferos transfronterizos y
podría causar un efecto negativo sensible a otros Estados, el Estado de origen está
obligado, de conformidad con el párrafo 2, a notificar sus conclusiones a los Estados
interesados. Esa notificación oportuna deberá ir acompañada de los datos técnicos y la
información disponibles, incluido un estudio del impacto ambiental, y proporcionar a los
Estados potencialmente afectados la información necesaria para evaluar por sí mismos los
posibles efectos de la actividad proyectada.
6) Si los Estados notificados se dan por satisfechos con la información y la evaluación
proporcionadas por los Estados que notifican, dispondrán de un punto de partida común
para abordar la actividad proyectada. En cambio, si discrepan acerca de la evaluación de
los efectos de la actividad proyectada, están obligados a intentar llegar a una solución
equitativa de la situación de conformidad con el párrafo 3. Una condición previa para
llegar a esa solución es que los Estados interesados tengan una concepción común de los
posibles efectos. Para ello, en este proyecto de artículo se prevé la celebración de
consultas y, en caso necesario, negociaciones, o un mecanismo independiente de
determinación de los hechos a fin de resolver la situación de manera equitativa.
El artículo 33 de la Convención sobre los cursos de agua de 1997 establece la obligación
de proceder a una determinación independiente de los hechos. No parece haber todavía
ningún indicio de que exista una obligación de este tipo con respecto a las aguas
subterráneas. Por consiguiente, se ha optado por indicar que el recurso a semejante
mecanismo de determinación de los hechos sea facultativo. La falta de procedimientos
explícitos detallados no debe interpretarse como una autorización de medida alguna que
76