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en un sistema que les impone costes administrativos sin ofrecer ninguna
contrapartida.
Cuando la recepción de una ayuda está condicionada por las características
socioeconómicas de la unidad familiar, a las dificultades ya mencionadas
se añade el hecho de que la correlación entre estas características (por
ejemplo, el número de hijos) y la pobreza es imperfecta. Por ejemplo, si
bien el número de hijos incrementa la probabilidad de cruzar el umbral de
la pobreza, hay muchas familias con hijos que no se encuentran en riesgo
de pobreza. A pesar de todo, a menudo se utilizan algunas características
familiares para condicionar las ayudas, ya que vincular las ayudas al nivel
de renta puede ser muy costoso. En definitiva, es más fácil y barato llegar,
por ejemplo, a las familias numerosas que a las que están por debajo de un
nivel de ingresos determinado. Este tipo de selectividad imperfecta también
genera falsos positivos, definidos como el error de otorgar ayudas a
familias no elegibles.
Aunque es complejo evitar los falsos negativos y los falsos positivos, éstos
se pueden minimizar siguiendo varias estrategias. Para evitar que ningún
individuo elegible se quede sin ayuda por desconocimiento, hay que informar
de forma amplia, haciendo publicidad de las ayudas y sus condiciones.
Asimismo, se puede identificar a los potenciales beneficiarios con la
información administrativa disponible. Para minimizar falsos negativos
desmotivados por los costes de satisfacer todos los requisitos de la solicitud,
hay que diseñar la ayuda de forma clara y simple, para que sea fácil y
económico tanto conseguir como verificar la información aportada por
los beneficiarios. Esta práctica también ayudará a evitar que individuos no
elegibles aprovechen indefiniciones o indeterminaciones en las bases de las
ayudas, es decir, ayudará a evitar falsos positivos.
No obstante, los mecanismos y procesos de verificación son claves para
minimizar los falsos positivos. Como en el caso del fraude o la evasión
fiscal, el Gobierno debe decidir la política de auditoría que quiere implementar
(la proporción de solicitudes investigadas, la profundidad de la
investigación, etcétera) y la estructura de las sanciones que imponer ante
las irregularidades (Cowell, 1990). Los beneficios de la política de auditoría
se ponderarán según los costes, tanto económicos como en función del
impacto negativo en la probabilidad de cursar la solicitud.
Medidas contra la pobreza infantil 143