Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas

7. CUESTIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN NEUROCIENTÍFICA DEL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS FARMACODEPENDENCIAS
en instituciones públicas requerirá de una justificación económica, especialmente
en el caso de individuos dependientes de drogas ilícitas, muchos de ellos indigentes
e incapaces de pagar su tratamiento. Los defensores de los tratamientos
con fármacos públicamente subsidiados deberán dejar en claro los costos
económicos y sociales comparativos que tiene el tratar a los farmacodependientes,
en contraposición a la actual política en muchos países de lidiar con las
farmacodependencias únicamente a través del sistema jurídico penal (Gerstein y
Harwood, 1990; Consejo Nacional de Investigaciones de EE.UU., 2001).
Tratamiento legal coercitivo
Es necesario considerar el uso potencial de un tratamiento farmacológico de la
dependencia de sustancias o de una inmunoterapia para drogas bajo coerción
legal (Cohen, 1997). Con frecuencia se considera el primer uso cuando se menciona
el concepto de inmunoterapia para drogas; las preocupaciones de la comunidad
sobre esta forma de emplear inmunoterapias para drogas también pueden
afectar adversamente las actitudes hacia otros usos terapéuticos. Por consiguiente,
es necesario examinar la cuestión, aunque falte mucho para llevarla a cabo.
Existen buenas razones para tener cautela ante el uso coercitivo de un tratamiento
farmacológico o de una inmunoterapia contra drogas. La comunidad tiene
poca simpatía por los delincuentes farmacodependientes que se ven involucrados
en delitos, por lo que debe ponerse especial atención en proteger los derechos
legales y humanos de los delincuentes usuarios de drogas.
Argumentos para el tratamiento bajo coerción legal
Quienes ingresan a un tratamiento contra drogas de coerción legal son personas
acusadas o condenadas por un delito en el que contribuyó su farmacodependencia.
Con frecuencia se ofrece como alternativa a una pena en prisión, y generalmente
existe la amenaza de la cárcel si el individuo no cumple el tratamiento
(Hall, 1997; Spooner y colab., 2001).
Una de las principales justificaciones para el tratamiento coercitivo es que se
trata de una forma efectiva para tratar la farmacodependencia de los delincuentes,
y que reduce la posibilidad de que reincidan (Gerstein y Harwood,
1990; Inciardi y McBride, 1991). Históricamente, es el enfoque que se ha utilizado
con mayor frecuencia en el tratamiento de delincuentes que dependen de
la heroína (Leukefeld y Tims, 1988), aunque recientemente se ha aplicado a
delincuentes dependientes de la cocaína en “tribunales de drogas” en Estados
Unidos (Consejo Nacional de Investigaciones de EE.UU., 2001). Una cuestión
por dilucidar es si debería haber una norma más elevada de efectividad comprobada
para los tratamientos coercitivos, más que para los voluntarios. Otro asunto
consiste en que si el tratamiento es ordenado por un tribunal, podría haber
una tendencia para que la duración del tratamiento fuera cuando menos la de
una condena en prisión. Por consiguiente, la forma y duración del tratamiento
se fijarían con base en criterios relacionados con el sistema judicial, y no necesariamente
con la mejor práctica terapéutica.
233