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ISABEL PAZ YÁÑEZ MENA<br />
Introducción<br />
Una radiografía a los años noventa en<br />
Chile tendría entre sus principales zonas<br />
iluminadas a la generación del “no estoy<br />
ni ahí”. La frase, popularizada por el famoso<br />
tenista Marcelo Ríos, hacía referencia<br />
al desencanto político propio de la época<br />
post-dictatorial, donde el individualismo<br />
y el mercado ya habían avanzado<br />
de manera perentoria en la esfera social.<br />
Expresión de ello son los estudios sociales<br />
del periodo, los cuales se abocaron a<br />
identificar y definir el tipo de sociedad<br />
resultante posterior a la instalación del<br />
modelo neoliberal, constatando en su<br />
mayoría, una creciente individualización<br />
y un debilitamiento de los lazos sociales<br />
(Lechner, 2002). Así, la desconfianza en el<br />
otro se alzó como la actitud predominante<br />
en la sociedad transicional, incorporándose<br />
como táctica para resguardar la<br />
seguridad y el cuidado entre los chilenos<br />
(PNUD, 1998).<br />
Una manifestación de lo anterior se puede<br />
observar en los sectores populares. En<br />
efecto, conforme al lugar de la estructura<br />
social donde se posiciona este grupo, se<br />
ha observado en ellos, históricamente, el<br />
despliegue de estrategias colectivas para<br />
asegurar su sobrevivencia y reproducción<br />
(Campero, 1987; Baño, 1985). Sin embargo,<br />
entre las principales herencias de la dictadura<br />
en las políticas sociales, se encuentra<br />
la estratificación social de los grupos familiares<br />
de acuerdo a un puntaje en una<br />
ficha social.<br />
Este ordenamiento ha estimulado la competencia<br />
dentro del mundo popular para<br />
acceder a algún tipo de beneficio institucional<br />
(Posner, 2012), “quebrantando con<br />
ello el vínculo social y filial” de los afectados<br />
por la situación de pobreza (FSP, 2013. P8).<br />
Así, se instala entre estas personas, que la<br />
satisfacción de sus necesidades depende<br />
de los dispositivos gubernamentales y del<br />
crédito (Márquez, 2008); propiciándose<br />
entre los sujetos el despliegue de “perversos<br />
ejercicios para demostrar miseria”, y<br />
de este modo obtener la asistencia estatal<br />
(FSP, 2013. P8). Ciertamente, la inclusión<br />
de este tipo de prácticas, y otras que<br />
apuntan en la misma dirección, ha contribuido<br />
en la corrosión del tejido social<br />
característico de estas poblaciones, obstaculizándose,<br />
a partir de ello, el surgimiento<br />
de procesos colectivos y comunitarios.<br />
En este sentido, los noventa fueron especialmente<br />
débiles en términos de acciones<br />
colectivas o movilizaciones sociales<br />
(Garcés, 2004). Luego de diecisiete años<br />
de dictadura y con una democracia que se<br />
definió en transición, los actores colectivos<br />
fueron apaciguándose entre políticas<br />
sociales de alcance efectivo (Martuccelli<br />
& Araujo, 2012). A modo de ejemplo,<br />
en la demanda habitacional se observó<br />
un “exitoso” programa de construcción<br />
de viviendas en términos cuantitativos,<br />
reduciendo con ello el alto déficit habitacional<br />
dejado por el estado autoritario<br />
(Minvu, 2004). Así, los “sin techo” asumían<br />
una corresponsabilidad para acceder a<br />
su vivienda definitiva, debiendo postular<br />
a un subsidio previo ahorro, además de<br />
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