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Más de un tercio de las muertes era consecuencia<br />
del aborto provocado clandestino<br />
cuya prevalencia a comienzos de la<br />
década del 60 era del orden de 32 abortos<br />
por cada 1.000 nacidos vivos. En 1960 el<br />
número de mujeres hospitalizadas por<br />
aborto alcanzó los 57.368 casos. Esto, considerando<br />
que solamente llegaban a los<br />
hospitales los casos más graves. Investigaciones<br />
de la época, arrojaban como<br />
resultado que cerca de un tercio de los<br />
embarazos culminaban en aborto y entre<br />
un 75% y un 90% de éstos era provocado<br />
(Szot, 2002).<br />
Al analizar la epidemiología de los abortos,<br />
se destaca que las mujeres entre los<br />
20 y 34 años aparecían como grupo más<br />
vulnerable. Se trataba de mujeres casadas,<br />
que tenían hasta 3 hijos vivos y que<br />
pertenecían a los grupos socioeconómicos<br />
de menores ingresos (Szot, 2002).<br />
Surgió entonces con fuerza, la necesidad<br />
de contener las altas tasas de aborto y de<br />
universalizar la atención profesional del<br />
parto. Este fue uno de los principales objetivos<br />
del Programa de Planificación Familiar<br />
(PPF) y de su inserción en la política<br />
de salud materno-infantil a partir de 1965.<br />
En su origen, el PPF chileno se configuró<br />
gracias a la red médico-asistencial y a la<br />
infraestructura que proveía el Servicio<br />
Nacional de Salud (SNS) y al trabajo realizado<br />
por la Asociación de Protección de<br />
la Familia (Aprofa)3. A contar de agosto<br />
de 1965 se diseñó un PPF cuyos propósitos<br />
fueron el control del aborto inducido<br />
clandestino, el descenso de la mortalidad<br />
infantil y la promoción del bienestar familiar.<br />
Esta política tuvo un componente<br />
asistencial, otro de investigación práctica<br />
y por último, uno de entrenamiento al<br />
personal de salud. Sugería el uso de métodos<br />
anticonceptivos, principalmente los<br />
Dispositivos Intrauterinos (DIU), terapias<br />
hormonales y la esterilización.<br />
El PPF garantizó el uso de métodos anticonceptivos<br />
a la mayoría de la población<br />
del país, extendiéndose incluso al campo,<br />
lo que constituyó un paso fundamental<br />
para la autonomía reproductiva de<br />
las mujeres; eso sí, se centró en la etapa<br />
marital excluyendo a mujeres jóvenes sin<br />
unión matrimonial. En el ámbito ideológico,<br />
estas políticas reforzaban la composición<br />
de una familia tradicional, heterosexual,<br />
biparental y con hijos.<br />
En su puesta en marcha el PPF fue a tal<br />
punto eficiente, que sin distinguir edades,<br />
nivel de escolaridad, estrato socioeconómico,<br />
ni residencia urbana o rural,<br />
provocó grandes mejoras. Los principales<br />
impactos del PPF fueron reducir el número<br />
de partos por mujer, en especial, si<br />
éstos habían sido más de cuatro o cinco<br />
y fomentar el espaciamiento de los hijos.<br />
3<br />
A fines de 1965 el gobierno de Frei Montalva otorgó personalidad jurídica al Comité de protección a la familia,<br />
que se había creado en la década de los 60 por influencia de la International Planned Parenthood Federation<br />
(IPPF) para reducir las elevadas tasas de natalidad, la mortalidad materna y la letalidad por aborto.<br />
Este organismo pasó a llamarse Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa). Cabe destacar que el<br />
concepto utilizado es de protección y no de planificación, pues se quería mostrar que el efecto buscado de la<br />
planificación era defender, proteger y resguardar la familia.<br />
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