Libro Jurisprudencia societaria

Superintendencia de SociedadesOtra de las restricciones legales previstas en el régimen de ICR atañe al monto máximoque puede recibirse. En los términos del parágrafo primero del artículo 2º de laResolución 22 de 2007, ‘el monto máximo del Incentivo que se podrá otorgar a unapersona natural o jurídica no podrá exceder de mil quinientos salarios mínimos legalesmensuales vigentes (1.500 smlmv) a la fecha de la presentación de la correspondienteinscripción del proyecto ante Finagro’. Las únicas excepciones contempladas respectode ese tope se encuentran descritas en el inciso segundo del parágrafo primero antescitado.También se ha previsto que los incentivos solo pueden ser destinados a la financiaciónde nuevos proyectos productivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 1ºdel Decreto 626 de 1994, el ICR ‘se da a toda persona natural o jurídica que ejecuteun nuevo proyecto de inversión […]’. Así mismo, en el artículo 1º de la Resolución22 de 2007 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, ‘[p]odrán acceder alIncentivo a la Capitalización Rural (ICR) las personas naturales y/o jurídicas que deforma individual o colectiva ejecuten proyectos de inversión nueva, con las finalidadesde mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducirsus riesgos de manera duradera’. Así mismo, en el artículo 4.2.3 del Manual de Serviciosde Finagro vigente durante el año 2008 se establecía que ‘las inversiones no debencontar con otro subsidio directo concedido por el Estado […]’. Todo lo anterior quieredecir que solo es posible obtener un ICR por cada proyecto agrícola que se desarrolle.Ahora bien, según lo expuesto en la Sección No. III de esta sentencia, las sociedadesdemandadas accedieron al programa de incentivos administrado por Finagro durante elaño 2009, luego de surtirse un trámite que inició en el 2008. Es decir que, si el Despachohace caso omiso de la personificación jurídica independiente de las demandadas, se habríaviolentado la restricción que recae sobre el número máximo de ICR que pueden obtenersepor año. Ello se debe a que cada una de las sociedades demandadas fue beneficiaria deun ICR durante el año 2009. Además, esas compañías recibieron conjuntamente lasuma de $2.769.000.000, cuya cuantía claramente excede el tope de $692.250.000establecido para el otorgamiento de incentivos, según lo preceptuado en el parágrafoprimero del artículo 2º de Resolución 22 de 2007. 60 En otras palabras, si se consideraque las demandadas conforman un solo sujeto, el Grupo Empresarial Mónica Colombiahabría recibido $2.076.750.000 en exceso de lo permitido. Por último, se ha alegadoque la creación de las compañías demandadas sirvió para encubrir el fraccionamientode una sola operación agroindustrial en múltiples proyectos productivos. Es por estarazón que se estima infringida la regla según la cual solo puede obtenerse un ICR porcada proyecto nuevo que se ejecute.370atenderla y el Estado piensa: Si ya Julio Corzo fue, pues no tiene sentido que Julio Corzo vaya a los 5 días, o a los 10 díaso a los 20, por lo menos un año debe quedar inhabilitado, pero pasado el año, no tiene ninguna inhabilidad’ (Min. 59:38 –1:04:50 Folio 1424).60Según el Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007, el salario mínimo vigente a la fecha en que se inició el trámite deelegibilidad para que las demandadas accedieran a los ICR en disputa, ascendía a la suma de $461.500.