Ago. Sept. Oct. Nº 282-283-284 - Biblioteca Virtual El Dorado

Nosotros hemos venido estudiándolo hace ya muchos años yhemos acopiado observaciones que creemos puedan ser de algunautildad a nuestros legisladores a quienes están encomendadas larevisión de las disposiciones electorales y su mejora.Lo primero que ocurre pensar cuando de una ley electoral setrata, es que ella debe facilitar el ejercicio del voto, evitar que sefalsifique o anule y garantizar la pureza de los escrutinios. Urge,pues, disminuir o suprimir los obstáculos que se opongan a la consecuciónde la cédula necesaria para votar, hacer que ésta no puedausarse sino por su propietario en el momento oportuno y que lavoluntad de los votantes no sea alterada.Ya en este camino creemos que conviene no solamentemantener la cédula de ciudadanía sino darle mayor valor. En vez deser un documento electoral, otorgado en períodos determinados,debe ser una verdadera cédula de vecindad que se expida en todaépoca, y que sirva para identifica a su poseedor ante las autoridadesy en todos los actos civiles en que esta identificación es necesaria.Debería establecerse igualmente que quienes no la posean nopueden desempeñar puestos públicos ni celebrar contratos con elgobierno nacional ni con los municipios. De esta manera se obligaríaa los ciudadanos a proveerse de sus cédulas, y haciéndola permanente,es decir que una sóla pueda servr por veinticinco o treintaaños, se evitaría que la pasión política llevada a lastimosos extremosen los períodos electorales privase de ella, y desde luego delvoto, a pocos o a muchos ciudadanos.El voto debe ser obligatorio. La Constitución dice que tienenderecho al ejercicio del sufragio todos los ciudadanos, pero en ningunaparte se opone a que la ley agregue al derecho el deber; y siel sufragio es la función más importante de la ciudadanía V la queorganiza los poderes públicos, justo es que el ciudadano no dejepor desidia o por mala voluntad de cumplir esa función.El día en que la ley establezca la obligación de votar se acabaránlos agentes electorales con todo su cortejo de corruptelas ymolestias, y con sólo alcanzar ésto habremos dado un paso muyavanzado en nuestra regeneración política.Las cédulas deben expedirlas los Alcaldes, gratuitamente, entregándolasa los ciudadanos personalmente. La acaparación de cédulases un delito, hasta ahora impune, y conviene señalar penasseveras para castigarlo. Pero estas penas no deben sufrirlas solamentequienes retengan cédulas ajenas sino también quienes entreguenlas suyas voluntariamente a otros, o quienes no denuncien cual-407