Research Report - Clayss

cambio de ese aporte, las cuotas que pueden cobrar están sujetas a la previa autorización
estatal. Un pequeño número de escuelas que atienden a los sectores de mayores recursos no
reciben aporte estatal, y a cambio pueden fijar libremente sus cuotas. En todos los casos, los
contenidos pedagógicos y la marcha general de los establecimientos están supervisados por
el Estado.
Durante el gobierno militar del “Proceso” (1976-83) el sistema educativo en general
y la libertad de cátedra en particular sufrieron severos golpes. En función del tema que nos
ocupa, es necesario destacar que el proceso militar provocó la “desaparición” de líderes
estudiantiles de las escuelas medias (“la noche de los lápices”), y desarrolló acciones
represivas o intimidatorias contra las instituciones educativas que desarrollaban acciones
sociales en las villas miseria. La idea de que el servicio a las comunidades más pobres era
sinónimo de “izquierdista” o “subversivo”, y el miedo instalado entre docentes y padres
perduraron en muchas escuelas aún más allá de concluido el proceso militar.
Algo paradójicamente, el gobierno militar patrocinó un tipo de actividad social que
las escuelas venían desarrollando desde décadas atrás: el padrinazgo de escuelas rurales. La
campaña “Marchemos hacia las fronteras” promocionó que ese padrinazgo se ejerciera
preferencialmente hacia las escuelas ubicadas en la larga y en ese momento sumamente
conflictiva frontera con Chile. Enmarcada en la propaganda nacionalista que alentaba una
próxim a guerra con ese país, la campaña tuvo sin embargo buena acogida en muchas
escuelas
urbanas, que le dieron continuidad a los vínculos con las escuelas de frontera aún
después de la caída del gobierno militar.
En
1984, cuando todavía permanecía la euforia participativa que acompañó la
reconquista
de la democracia, el Presidente Alfonsín convocó al “Congreso Pedagógico
Nacional”, un gran debate social con “asambleas de base” sobre el tipo de educación
deseada para el futuro que culminó –luego de no pocas fricciones y disputas- en un
documento de acuerdos nacionales. Estos se expresaron al menos parcialmente en la
sanción de la “Ley Federal de Educación” (Ley 24.195) en 1993.
Por un lado, la Ley marcó la culminación del proceso de descentralización
educativa. El gobierno de Menem entregó todas las escuelas medias nacionales a la
jurisdicción de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reduciendo el déficit fiscal
nacional, pero cargando el peso en los gobiernos provinciales. No todos estaban en
condiciones de asumir de la misma manera la administración de las escuelas: la brecha
entre los salarios docentes y la calidad educativa de las provincias más pobres y las más
ricas no dejó de ensancharse durante la siguiente década.
En lo pedagógico, la Ley Federal extendió la obligatoriedad de la educación a 10
años, incluyendo el Nivel Inicial y nueve años de Educación General Básica (EGB). La
educación no obligatoria, los restantes tres años de la escuela media, se denominaron
“Educación Polimodal”, y las antiguas opciones (Bachillerato, Comercial y Técnica) fueron
reemplazadas por cinco “modalidades”: Ciencias Naturales; Humanidades y Ciencias
Sociales; Comunicación,
Arte y Diseño; Producción de Bienes y Servicios; Economía y
Gestión de Organizaciones.
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