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CAPÍTULO 2
HACIA UN NUEVO ANDAMIAJE NORMATIVO
PARA LA PRIMERA INFANCIA
En la introducción se destacó que es inevitable, cuando se habla de normativa sobre
la infancia, referirse a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Este instrumento
marca un antes y un después en el lugar que se le da a la infancia en nuestras
sociedades, al reconocer a los niños y a las niñas su estatuto de “sujetos de
derechos”. El enfoque basado en derechos promueve una concepción de ciudadanía
según la cual el ciudadano es portador de derechos y debe reclamar por que éstos se
cumplan y se respeten, lo cual significa que las personas no son vistas como el objeto
de un acto de caridad sino como individuos que demandan aquello que les corresponde.
Pero… ¿alcanza con la sola ratificación de la Convención para que este estatuto se
haga efectivo? Ciertamente, una primera condición que debe darse es que el cambio
en la concepción de la infancia debe reflejarse en la normativa vigente de cada país.
Aun así, resulta claro que “crear Derecho”, es decir, producir normas o cambios normativos
no conduce necesariamente a la erradicación de los problemas sociales.
Pero aunque el respeto no llegue a efectivizarse a través de la creación de normas, de
todos modos se admite como un valor positivo la simple incorporación de los derechos
de la CDN en las leyes de un país. Luego, puede analizarse el modo de incorporación, el
grado de adecuación y el nivel (legal, supralegal, constitucional) que adquieren los
compromisos asumidos. Aunque, ciertamente, eso no dirá mucho sobre el nivel de
cumplimiento de tales compromisos, por varias razones.
En primer lugar, porque el ordenamiento jurídico de un país puede consignar en su letra
los derechos de la CDN y sus principios básicos, por ejemplo, el derecho a la no discriminación,
pero esto no garantizará a los sujetos el goce de los mismos. Barrere
Unzueta (1997) afirma, en este sentido, que “… aunque es frecuente que las normas
jerárquicamente más altas e importantes de los ordenamientos jurídicos modernos
(sean constituciones o declaraciones de derechos) incluyan la prohibición de la discriminación,
esto no significa que los ordenamientos en cuestión anulen con ello, en
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INFORME
SOBRE
TENDENCIAS
SOCIALES
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2009