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TABLA 2.4.1
Países de América Latina, según principales órdenes o medidas
de protección y restitución de derechos que se utilizan en las LPI
PAÍSES
SANCIONES
O MULTAS
ÓRDENES A LOS PADRES, MADRES, ENCARGADOS,
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS PRIVADOS
PARA QUE
CUMPLAN
CON SUS
DEBERES
Y OBLIGA-
CIONES
PARA QUE
CUMPLAN
CON SUS
DEBERES Y
OBLIGACIONES
RESPECTO
DE SALUD Y
EDUCACIÓN
SER CRIADOS
EN UNA FAMILIA,
INCLUYENDO LA
COLOCACIÓN
EN FAMILIA
SUSTITUTA
(COMO MEDIDA
PROVISIONAL)
PARA QUE
RESTITUYAN
LOS DERECHOS
POR RAZONES DE
ABUSO, MALTRATO
Y EXPLOTACIÓN
LABORAL, SEXUAL
Y COMERCIAL
PARA QUE
PARTICIPEN
EN PROGRA-
MAS DE APOYO
FAMILIAR O
PROGRAMAS
DE AYUDA
SOCIAL
PARA QUE
ACCEDAN A
SERVICIOS
Y/O PROGRA-
MAS DE TRATA-
MIENTO FÍSICO,
CLÍNICO Y
SICOLÓGICO
90
INFORME
SOBRE
TENDENCIAS
SOCIALES
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2009
Rep. Dominicana
Venezuela
Brasil
México
Paraguay
Perú
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Argentina
Uruguay
Colombia
Bolivia
Ecuador
Costa Rica
Panamá
El Salvador
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apoyo familiar o programas de ayuda social o para que accedan a servicios y/o programas
de tratamiento físico, clínico y psicológico.
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Luego, las LPI cuentan con medidas predominantemente judiciales, entre ellas: declaración
de responsabilidad de los padres o responsables, abrigo, colocación en entidad de
atención, adopción, advertencia, pérdida de la guarda, destitución de tutela o suspensión
de patria potestad, exclusión del hogar del agresor y resolución alternativa de conflictos
para la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar.
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Sólo judicial
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En la implementación de estas medidas, se destaca Venezuela, con un sistema que
“castiga” la falta de diligencia de las autoridades competentes para tomar medidas de
protección o para aplicar procesos de judicialización que son innecesarios. Su LPI sanciona
con la pérdida de su condición de integrante del Consejo de Protección a todos
aquellos miembros que, por abstención o inhibición de intervenir en dos o más oportunidades
en casos de medidas de protección, favorezcan la intervención de la Justicia,
quien deberá asumir la protección de los derechos de la infancia. En el caso de Costa
Rica, también puede destacarse la vigencia explícita del rol activo de los jueces en esta
materia así como la ausencia de todo ritualismo.
5. SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA
Gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en materia de derechos sociales,
alineada con el denominado Constitucionalismo Social, sostiene que las normas que