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1. LA INTEGRALIDAD EN LAS
POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA
En el campo de las políticas orientadas a la primera infancia se encuentra plenamente
vigente la preocupación por desarrollar estrategias que se alejen de las clásicas aproximaciones
sectoriales de las políticas públicas, promoviendo acciones transversales e
intersectoriales o con fuerte sentido integral en la concepción del desarrollo humano, algo
que las políticas sectoriales por sus propias características no podrían contemplar. De
hecho, es fácilmente observable en los documentos oficiales de los países cómo cada vez
que éstos se refieren a las políticas de niñez lo hacen casi inmediatamente acompañados
del calificativo “integrales”. Ello expresa un hecho cada vez más visible, que es la creciente
necesidad –presente en el debate de las políticas sociales en la región– de tender
hacia políticas que, en torno a desafíos específicos, articulen esfuerzos provenientes de
las más diversas áreas de gobierno, en reconocimiento de la creciente complejidad que
subyace a cada uno de los retos que la sociedad enfrenta actualmente.
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INFORME
SOBRE
TENDENCIAS
SOCIALES
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2009
Ahora bien, en el caso específico de las políticas orientadas a la primera infancia –o a
la niñez, en términos generales– existen esfuerzos concretos por promover acciones
integrales como una forma de avanzar hacia el pleno cumplimiento de sus derechos,
hecho que posiciona a esta área de las políticas entre las que más tienen incorporada
una visión integral de las acciones. En principio, el compromiso de los países para
poner en vigencia Planes de Acción en el marco de la CDN llevó a los Estados a producir
documentos programáticos muy similares entre sí, donde se expresan lineamientos
generales y en los que aparecen acciones, programas y estrategias que deberán
ser asumidos, para dar cumplimiento a los derechos humanos de la primera infancia.
La revisión de los documentos regionales permite detectar innumerables referencias
al texto “Un mundo apropiado para los niños”. Recuérdese que este documento fue
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 2002 y se propuso
reafirmar el compromiso y la responsabilidad de los Estados en esferas de la salud,
la educación y la protección de la infancia, para lo cual se propone el despliegue de una
estrategia integral que dé prioridad a la niñez.