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4. LAS LEYES DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Y LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN O PROTECCIÓN
Las medidas de protección y restitución de derechos son disposiciones provisionales y
excepcionales, emanadas de la autoridad competente, que tienen por finalidad garantizar
el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas que se encuentren en condiciones
de amenaza, vulneración y/o violación flagrante de sus derechos. Esta amenaza,
vulneración o violación de derechos puede provenir de la acción u omisión de cualquier
persona física, moral, pública o privada. En principio, las medidas de protección y restitución
de derechos constituyen una modalidad de sentencia alternativa de conflictos
sociales, orientada a la desjudicialización, en el ámbito administrativo, de estos casos,
siempre que las acciones de los actores involucrados no constituyan delitos. Esta concepción
varía levemente según los esquemas judiciales y administrativos de los distintos
países, y aún existe gran cantidad de ellos que asigna la adopción de estas medidas
al Poder judicial.
La Tabla 2.4.1. muestra las principales órdenes o medidas de protección y restitución de
derechos que se utilizan en las LPI de la región. Algunos países no incluyen en sus
Códigos de niñez o LPI las sanciones, órdenes o medidas protectivas, pero esto no quiere
decir necesariamente que la legislación no contenga tales medidas, ya que éstas
pueden encontrarse en códigos de procedimiento ante los tribunales o en leyes de asistencia
o violencia familiar.
Tampoco se puede afirmar que el hecho de contener una lista detallada de medidas
protectivas torne más efectivo o flexible un sistema, simplemente las medidas constituyen
una muestra de cuáles son las principales herramientas que los legisladores
de cada país han estimado como más valiosas. La mayor parte de las leyes y códigos
contiene una cláusula o artículo que prevé la flexibilidad en la adopción de estas
medidas o una expresión equivalente que afirma que la no inclusión de una medida
en la lista no significa que el juez no pueda tomarla, siempre que se considere el interés
superior del niño.
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INFORME
SOBRE
TENDENCIAS
SOCIALES
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2009
En este sentido, para la imposición y ejecución de las medidas de protección y restitución
de derechos, el denominador común de las leyes de protección integral es tomar
como parámetro ineludible la consideración del interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, así como el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
(VÉASE TABLA 2.4.1)
Las medidas pueden, habitualmente, ser aplicadas de manera aislada, acumulativa o
sustitutiva. Los motivos más usuales para su implementación son los siguientes: a) por
acción u omisión de las instituciones públicas y privadas; b) por falta, omisión o abuso
de los padres, tutores, encargados o responsables; c) por acciones u omisiones contra sí
mismos; y d) por acciones u omisiones o abusos de particulares.
Las medidas varían según los países pero, en general, las leyes de protección integral
establecen las siguientes sanciones o multas: órdenes a los padres, madres, encargados,
funcionarios públicos y funcionarios privados, para que éstos cumplan con sus deberes
y obligaciones o bien para que cumplan con sus deberes y obligaciones respecto de la
salud y educación; órdenes para que se restituya el derecho a ser criados en una familia,
incluyendo la ubicación en una familia sustituta (como medida provisional); órdenes
para la protección y restitución de los derechos por razones de abuso, maltrato y explotación
laboral, sexual y comercial, o de orientación para que participen en programas de