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06. Capitulo 03.qxd:093-124 capitulo 3 11/12/09 10:40 AM Page 100
DE LAS PROMESAS A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS.
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA PRIMERA INFANCIA
CHRISTIAN MIRZA*
* Director Nacional
de Políticas Sociales
(Ministerio de Desarrollo
Social) y Presidente
del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas
Sociales de Uruguay.
Asistente social, profesor
e investigador de la
Universidad de la
República, Facultad de
Ciencias Sociales (DTS).
Después de registrar, en 2003, los
indicadores de pobreza infantil más
altos de Uruguay en las últimas tres
décadas, los datos aportados por el
INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
en julio de 2009 dan cuenta de una
sensible reducción de la pobreza
e indigencia en todos los tramos de
edad considerados. Efectivamente,
del 55% de los niños y niñas menores
de 6 años en situación de pobreza en
2003, pasamos al 38% y al 37% en
el segmento de 6 a 12 años en 2008.
Asimismo, la indigencia también
acompañó la reducción, pasando de
5,4% a 3,9% en el tramo de 0 a 5 años
y de 4,2% a 3,1% para los niños de
edad escolar entre 2006 y 2008.
Cierto es que la pobreza infantil se
ha constituido en uno de los mayores
y más graves problemas sociales de
América Latina y los gobiernos de la
región apuntan a su disminución.
Sin embargo, de la naturaleza, el tipo
y la escala de las medidas aplicadas
dependerá que los logros sean
sostenidos, duraderos, profundos
e irreversibles.
Un eficaz sistema de protección
social ha de conjugarse con un
conjunto de políticas públicas en
la dimensión económica, educativa,
sanitaria y nutricional, de tal suerte
que se obtengan éxitos en la ruptura
del “círculo vicioso” de reproducción
generacional de la pobreza. En Uruguay,
las transformaciones realizadas en el
sistema de seguridad social, en la red
de protección y en el sistema educativo
han sido congruentes con la aplicación
de políticas económicas o, dicho de otro
modo, no se han subordinado las
políticas sociales a las políticas
económicas.
El modelo de desarrollo social
–asumido desde 2005–, que condensa
la concepción del ciudadano en tanto
sujeto de derechos y no como objeto de
la compasión pública, tuvo correlatos
que se reflejaron materialmente en
la multiplicidad de intervenciones
estatales desplegadas. En términos
generales, el “Plan de Emergencia
Social” aplicado entre 2005 y 2007
explica en buena medida la reducción
de la extrema pobreza o indigencia,
la que pasó del 3,9% al 1,5% en apenas
tres años. De los siete componentes
de este Plan de Emergencia, al menos
cuatro impactaron directamente en
los hogares con presencia de niños
y niñas menores de 12 años.
En primer lugar, el “ingreso ciudadano”
implicó una transferencia monetaria
directa equivalente a unos US$ 55
aproximadamente por mes y por hogar;
en segundo lugar, se asignaron tarjetas
alimentarias a quienes contaban con
niños y adolescentes menores de 18
años a cargo, en una proporcionalidad
asociada al número de hijos e hijas;
en tercer lugar, se expandieron los
Centros de atención en educación
inicial (de 0 a 3 años) y, en cuarto
lugar, se realizaron campañas sanitarias
para expandir la cobertura del sistema
público, con el propósito de reducir la
mortalidad y la desnutrición infantil.
Culminada aquella fase, en enero de
2008 entró en vigencia el “Plan de
Equidad”, lo que significó dar un paso