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Respecto de la vigencia y obligatoriedad del derecho internacional de fuente voluntaria
(constituido por tratados y convenciones), ha sido especialmente relevante la entrada en
vigor, en 1980 –cuando se alcanzó la cantidad de ratificaciones necesarias–, de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, cuyo artículo 27 no admite
la invocación del derecho interno para exculparse o justificar un incumplimiento ante
las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados.
Sin embargo, no todos los países incorporan, de la misma forma, los tratados internacionales
a su derecho doméstico. Existen algunos que establecen que estos instrumentos
son parte de su orden jurídico interno –con rango legal– pero manteniendo la
supremacía de la Constitución; existen otros que les otorgan jerarquía superior a las
leyes y, finalmente, otros Estados que les reconocen jerarquía constitucional.
La primacía absoluta de la Constitución parece encontrarse, en principio, en el texto de
la Carta Magna de Bolivia, redactado en 1967 y reformado en 1994, aunque la nueva
Constitución de 2008 establece en su artículo 13 que en el caso de los Convenios internacionales
sobre derechos humanos, éstos prevalecerán en el orden interno. También
pueden encontrarse cláusulas de supremacía absoluta de la Constitución, donde se
incorporan los tratados con rango legal al ordenamiento interno del país, en la
Constitución de Colombia de 1991 (con las reformas de 1997), en la de Chile de 1980
(reformada en 2001), en la de Paraguay, en la de Perú de 1993, en la de México de 1917
(reformada en 1998) y en la de Venezuela de 1999. También en Honduras y El Salvador,
ambas constituciones de 1982, en el documento de Ecuador de 1998 y en el de Costa Rica
de 2001, se afirma la primacía constitucional pero se reconoce superioridad a los tratados
respecto de las leyes, las que no pueden contraponerse a sus previsiones.
Respecto de aquellos países que otorgan rango constitucional a los tratados y convenciones
de derechos humanos, puede resaltarse que, en el caso de Nicaragua, el artículo
71 de la Constitución garantiza la aplicación directa de la CDN. Con menor especificidad
respecto de los derechos de la infancia pero en línea con la incorporación en la carta fundamental,
la Constitución de Argentina (reformada en 1994) también le otorga ese rango
a este instrumento internacional, al ubicarlo en una lista de tratados sobre derechos
humanos que son ratificados.
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INFORME
SOBRE
TENDENCIAS
SOCIALES
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2009
Por su parte, Guatemala establece en su Constitución (de 1993) la preeminencia del
derecho internacional en derechos humanos por sobre el derecho interno. La
Constitución de Brasil (de 1988) supeditaba la existencia de los tratados a la ratificación
del Congreso, pero la enmienda constitucional de 2004 incluyó una previsión que establece
que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que fueran
aprobados por el Congreso por tres quintos de votos de los respectivos miembros de
cada Cámara, obtienen la jerarquía de las enmiendas constitucionales.