QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

Así, dado el carácter eminentemente político del órgano emisor, resulta
lógico afirmar que el origen o naturaleza primigenia del acuerdo parlamentario
es sin duda de orden político, ya que responde a las necesidades que dicta
la conformación de mayorías obtenidas por los partidos representados en
cada legislatura. Sin embargo, gran parte de estos acuerdos parlamentarios
contienen reglas para el funcionamiento interno de la Cámara, reglas de
conducta adoptadas por los miembros de la Asamblea, que les generan
derechos y les imponen obligaciones en el desempeño sus actividades y que,
por lo tanto, se han concebido como verdaderas normas jurídicas constitutivas
de una fuente real en el derecho parlamentario mexicano.
Baste entonces por el momento decir que el acuerdo parlamentario,
en tanto conjunto de determinaciones o reglas para el funcionamiento
interno del Congreso de la Unión o de cualquiera de sus Cámaras, goza de
dos naturalezas: una política que le otorga obligadamente la conformación
misma del órgano emisor y otra de orden jurídico, derivada de la facultad
legislativa que tiene el mismo, así como del carácter impero-atributivo de
sus contenidos.
El Acuerdo Parlamentario como resolución económica
De conformidad con el artículo 70 constitucional, toda resolución del
Congreso tiene el carácter de ley o decreto; sin embargo, la Ley Fundamental
(fracción I de su artículo 77), faculta a cada una de las Cámaras para dictarse
las resoluciones económicas relativas a su régimen interior, facultad que
fundamenta constitucionalmente la existencia de los acuerdos parlamentarios.
Para entender con claridad este fundamento constitucional, se considera
necesario precisar el sentido de la frase “resoluciones económicas”, utilizada
por el Constituyente al redactar este precepto.
El verbo economizar, cuyo significado amplio y gramatical (ahorrar trabajo
y tiempo) va más allá de una simple concepción financiera, nos remite al
principio de “economía procesal” usado en el derecho, por el que se afirma
la necesidad de que los conflictos de intereses susceptibles de ser resueltos
mediante la actividad jurisdiccional en un proceso, sean sometidos a las
reglas que permitan llegar a una decisión con el menor esfuerzo y gasto y
en el menor tiempo posible, en beneficio de los litigantes y, en general, de la
administración de justicia. 12
Las resoluciones a que atiende el presente documento, constituyen
12 De Pina Rafael, DICCIONARIO DE DERECHO. voz: “Economía Procesal”. Editorial Porrúa S.A.
México, 1979.
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