QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

VIII. Directrices
Usualmente, mientras que los cuestionarios se aplican previamente,
para evaluar la necesidad de hacer una ley, las directrices son instrucciones
o recomendaciones que han de ser tomadas en cuenta en la elaboración de
las leyes; pueden tener valor normativo o lo que es mucho más frecuente,
únicamente recomendaciones, de orientación, que carecen de valor jurídico,
pero en la medida en que son circulares internas, pueden obligar a los
funcionarios encargados de la elaboración de esas leyes; de tal manera que
sus destinatarios suelen ser los órganos administrativos, aunque también
pueden ser los órganos parlamentarios.
Las primeras directrices fueron alemanas, austriacas y suizas; después,
en los años 80 y 90 del siglo pasado se generalizaron a otros países europeos
como Bélgica, Francia y Portugal. En EUA encontramos manuales de
elaboración de proyectos de Ley (Bill creators manuals).
En Italia, hay una circular de los Presidentes de las Cámaras de 1997,
para mejorar y potenciar la labor legislativa de las comisiones que contiene
además, una Checklist parecida a las diseñadas en la época de los 90 en el
ámbito internacional o supranacional, entre las que destacan las de países
del Este, en una colaboración de la OCDE y la de la Unión Europea en el
Grupo Sigma.
En el ámbito europeo hay directrices que se aprobaron en 1993 y 1998,
y una guía práctica en el año 2000
En España, en 1980, el grupo Gretel hizo una publicación en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales con un proyecto de directrices. En 1991
se aprobaron unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos
de ley, que han sido sustituidas por unas directrices de técnica normativa,
aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2006. También hay
directrices en el ámbito de las comunidades autónomas, e incluso manuales
sobre lenguaje; entre ellas, las de Cataluña, País Vasco, Asturias y Baleares.
Todas ellas tienen carácter de recomendaciones; aparecen en el Boletín
Oficial del Estado, como Acuerdos del Consejo de Ministros, no tienen rango
de ley, ni decreto, ni reglamento y su grado de cumplimiento es relativo; el
gobierno dicta sus propias directrices y luego las cumple o no. Estas nuevas
directrices son más amplias en cuanto a su ámbito de aplicación (no se aplican
sólo a proyectos de ley, sino a disposiciones administrativas de rango inferior,
dictadas por el gobierno).
Ahora son directrices de técnica normativa (ya no “sobre la forma y
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