QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e
intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar
las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando
subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la
protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o
sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan
y hacen de la palabra -del discurso- el instrumento motriz y la forma
privilegiada para ejercer su función pública. 4
Esta interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, es también una fuente de impunidad, ya que el artículo 61
constitucional no deroga la vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales
que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos
y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus
derechos e intereses legítimos, menos aún impone la obligación al gobierno y
a los particulares de soportar las manifestaciones que viertan en su contra los
legisladores, aun cuando subjetivamente puedan considerarse difamatorias.
En efecto, no existe ninguna norma constitucional que autorice a otra
norma del mismo rango la derogación en forma automática de todo el sistema
de responsabilidad del Estado, ni tampoco la derogación de los derechos
fundamentales y garantías individuales. La derogación automática no existe
en nuestro sistema constitucional. El Congreso de la Unión es quien tiene la
facultad de derogar leyes o decretos, de conformidad con el artículo 72, inciso
F), constitucional. Y tratándose de reformas a la Constitución, en términos
del artículo 135 constitucional, se requiere que el Congreso de la Unión,
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden
las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las
legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente
en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración
de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
La única norma constitucional que prevé, no la derogación de la vigencia
y eficacia de los artículos contenidos en el título primero, capítulo primero,
que establece las garantías individuales, sino la suspensión en todo el país
o en un lugar determinado de las garantías individuales, es el artículo 29
constitucional, cuyos supuestos normativos no tienen nada que ver con las
4 Tesis aislada número 1ª.XXX/2000, consultable en la página 245 del tomo XII, diciembre
2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, “INMUNIDAD
LEGISLATIVA, OBJETO Y ALCANCE DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCU-
LO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”.
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