QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

de los proyectos de leyes de la Federación, que pretende homogeneizar el
proceso de su elaboración. Dichos cuestionarios se plantean en el momento
previo a la elaboración del proyecto y preguntan sobre la necesidad de esa ley
y las alternativas (incluso si es necesaria una ley, o puede hacerse otra cosa
que no sea cambiar la legislación); la oportunidad, su aproximación al sentir
de los ciudadanos y la razonabilidad de la relación costos-beneficios.
Para los proyectos especialmente complejos se constituye una comisión
de expertos y se da audiencia a los sectores sociales involucrados; se abre un
procedimiento de información y opinión entre los distintos ministerios y los
grupos afectados y también entre los ministerios de los Laender o estados
federados; antes de remitir el proyecto al Consejo de Ministros se hace un
nuevo examen para adecuar el proyecto a las GGO (reglas que han de regir
los asuntos que deben elevarse al Consejo) y se remite a la Sociedad para la
Lengua Alemana, para asegurar su corrección lingüística.
Este sistema tampoco ha estado libre de crítica, pues se dice que hay un
exceso de juridicidad, una marea legislativa y que adolece de falta de claridad,
pero en general también ha sido efectivo y eficiente.
En los dos modelos: el anglosajón de redacción centralizada de los
proyectos de ley, y el alemán de redacción descentralizada, son necesarias
normas y directrices para elaborar las leyes.
En 1993, también se aprobaron en la Unión Europea unas directrices
para la redacción de la legislación comunitaria, e incluso una guía práctica
dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de textos legislativos
en el seno de las instituciones comunitarias.
Siguiendo el sistema alemán, en España, el sistema de redacción de leyes
es también de redacción difusa, con una regulación muy parca: la Ley de 1997,
que señala que el procedimiento de elaboración de una ley se inicia en el
Ministerio (s) que esté (n) interesado (s) y sea (n) competente (s); existe un
cuestionario de evaluación que debe acompañar a estos proyectos, y unas
instrucciones para la elevación de asuntos al Consejo de Ministros (ninguno de
los dos está publicado), así como unas directrices sobre la forma y estructura
de los anteproyectos de ley (directrices de técnicas normativas).
Generalmente quienes elaboran los proyectos de ley son las Secretarias
Generales Técnicas, órgano jurídico que hay en todos los Ministerios
desde 1957. La elaboración la pueden hacer también, unidades técnicas
profesionales, expertos juristas o especialistas; cada ministro decide a
quien encomienda la elaboración del proyecto, aunque normalmente crean
comisiones ad hoc, en las que participan expertos; también cabe la posibilidad
de que se encarguen a expertos externos (ahí puede entrar el cabildeo).
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