QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

la Cámara respectiva y después es compelido a que concurra dentro de
los treinta días siguientes al día señalado por la ley, con la advertencia
de que si no lo hiciese, se entenderá que no acepta el cargo.
En este sentido, en términos de la interpretación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, si el diputado o senador electo, después
de transcurridos los treinta días con la advertencia mencionada, ejerce
su libertad de expresión relacionada con el ejercicio de la función de
legislador, no estará garantizada con la inviolabilidad dicha libertad,
porque se presume legalmente que no aceptó el cargo de diputado o
senador, luego entonces deberá responder civil o penalmente por sus
manifestaciones, en caso de ocasionar daños y perjuicios, así como por
lesionar algún bien jurídico tutelado penalmente.
1. c) El artículo 63, párrafo segundo, constitucional, establece la
presunción legal de renuncia del diputado o senador a concurrir hasta
el período inmediato, en los términos siguientes:
“Se entiende también que los diputados o senadores que
falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa
licencia del Presidente de su respectiva Cámara, con la cual
se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el
período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes”.
En esta norma constitucional también se prevé la presunción legal,
de manera temporal, de que el diputado o senador en un período
ordinario de sesiones si no asiste sin causa justificada durante diez
días ininterrumpidamente o sin previa licencia, se entiende que está
expresando con ello su voluntad de renunciar a concurrir al período
ordinario de sesiones en curso y que lo hará hasta el período ordinario
de sesiones inmediato.
Es decir, el legislador dejará de fungir como tal durante el período
ordinario de sesiones en el que ha dejado de asistir, tan es así que será
suplido en su función, con lo que resulta claro que no deberá de ejercer la
función de legislador, pero si lo hace y ejerce su libertad de expresión, es
evidente que no estará garantizada con la inviolabilidad, de manera que,
en el contexto interpretativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
si causa algún daño o lesiona algún bien jurídico deberá responder ante
la autoridad competente civil o penalmente.
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