QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

dados los cambios vertiginosos de la actividad parlamentaria en México,
también es cierto que se ha abusado del uso de este instrumento,
provocando con ello su desprestigio.
Un ejemplo palpable de la afirmación anterior, a mi juicio, puede
constituirlo el “Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos por el que se autoriza la
reingeniería de la estructura organizacional de la Secretaría General,
Secretaría de Servicios Parlamentarios y Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros”, publicado en la Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados de fecha 20 de diciembre de 2005.
Dicho acuerdo autorizó la reestructuración parcial de las áreas
encargadas de los servicios parlamentarios y administrativos y
financieros de la Cámara, de conformidad con el proyecto que para
el efecto elaboró la Secretaría General y a pesar de las disposiciones
contenidas en los artículos respectivos de la propia Ley Orgánica del
Congreso. Sin embargo, para salvar el “inconveniente legal”, el propio
Acuerdo se colocó en nivel superior a la Ley, al determinar en su punto
Tercero que:
“Tercero.- Se acuerda la formulación, en su oportunidad, de una
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de realizar las adecuaciones
legales conforme a la reestructuración autorizada.”
La reforma a la Ley que prácticamente ordenó el acuerdo parlamentario
no se ha realizado a la fecha, por lo que la reingeniería estructural
que de hecho se llevó a cabo, no se encuentra incorporada a la norma
jurídica orgánica de la Cámara.
Vigencia de los acuerdos parlamentarios
Así pues, consideramos que existen tantas clases de acuerdos como
objetos a regular se presenten. Sin embargo, el objeto de los acuerdos no
solamente proporciona un criterio de clasificación; a partir de la materia
regulada por cada acuerdo podemos desprender su vigencia y también el
elemento que prevalece en su esencia: (político o jurídico).
Guardando sus respectivas proporciones, al observar las dos clases
de resoluciones que de conformidad con el artículo 70 de la Constitución
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