QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

El artículo 66 determinó: “Las iniciativas presentadas por el Presidente
de la República, las legislaturas de los Estados o las diputaciones de los
mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados,
se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.” 2
Es decir, la Constitución no señaló ningún requisito para la presentación
de iniciativas, aunque dejó abierta la puerta para que pudieran reglamentarse
las que presentaran los diputados. No obstante en aquella época no existía
todavía una técnica legislativa depurada.
Hoy, el proceso legislativo determinado por la Constitución de 1917
vigente, es aquel mediante el cual las Cámaras y el Congreso producen las
normas jurídicas. El artículo 70 señala que las resoluciones del Congreso
son leyes o decretos. El artículo 71 establece quienes son los sujetos que
pueden iniciar leyes o decretos ante las Cámaras (el Ejecutivo Federal, los
diputados y senadores y las legislaturas estatales). El artículo 72 define todas
las etapas del proceso legislativo, que consta en específico de siete etapas,
que señalaremos más adelante.
A partir de la reforma de 1993, el proceso legislativo está regulado
también por el artículo 122 constitucional, porque la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal también tiene facultad para iniciar leyes y decretos, siempre
y cuando se refieran al gobierno del Distrito Federal.
Resalta que el Poder Judicial carece de iniciativa de ley o decreto, cuando en
la mayoría de los países la tiene (con lo que se le garantiza una mayor autonomía).
Por otro lado, la Constitución determina otro proceso para crear normas
jurídicas, que regula el artículo 135, el de reformas a la propia Constitución.
En la mayoría de los países el Ejecutivo es el órgano que con mayor
frecuencia presenta iniciativas al Congreso, independientemente de que sea
un sistema de gobierno presidencial o parlamentario, seguramente porque
cuenta con toda una estructura de apoyo: la administración pública.
De ahí que algunos autores hayan cuestionado la función del Poder
Legislativo y hoy lo denominen “Poder de Control”, destinado a controlar
al Ejecutivo, dado que, por encima de la función legislativa, ese control
parlamentario ha cobrado mayor importancia en la actualidad.
Quizá esto se deba, en parte, a que en los modernos Estados de Derecho,
hay un ordenamiento jurídico completo, integral, que regula prácticamente
todos los aspectos de la vida en sociedad. El mundo se ha vuelto además muy
complejo y hay demasiadas cuestiones técnicas, que no pueden legislarse “al
vapor”. Todo eso obliga a los parlamentos a ser más cautos al emitir nuevas
2 Ob. Cit., p. 616.
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