QUÓRUM Legislativo 88 - Cámara de Diputados

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tomarse en consideración el fuero constitucional, sin implicar que exista
impedimento para demandar al diputado federal en la vía civil por actos que
realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario.
En otras palabras, cuando un diputado federal o senador realice
imputaciones que afecten solamente derechos civiles, se les puede demandar
civilmente siempre y cuando tales imputaciones las haya hecho como particular.
Esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradice lo
dispuesto por el artículo 111, párrafo octavo, constitucional, que es del
siguiente tenor:
“En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor
público no se requerirá declaración de procedencia”.
Este párrafo nos está indicando que cualquier servidor público, ya
sea diputado, senador o cualquier otro, que goce de fuero constitucional,
puede ser demandado civilmente sin que para ello se requiera el desafuero.
Lo que quiere decir, en el caso de un diputado federal o senador, que aun
cuando tenga la garantía de inviolabilidad y exista la prohibición de no ser
reconvenido por sus opiniones, si con motivo de éstas afecta un derecho
civil puede ser demandado civilmente, sin que sea necesario desaforarlo. De
otra manera, el anterior párrafo hubiese mencionado que en demandas del
orden civil que se entablen en contra de servidores públicos con motivo de
actos como particulares no se requiere declaración de procedencia. No, lo
que el párrafo aludido señala es que se puede entablar demandas civiles en
contra de cualquier servidor público, en los que se incluyen los diputados
y senadores, más no en contra de particulares, porque los particulares no
gozan ni de inviolabilidad ni de fuero constitucional.
En otras palabras, el párrafo aludido dispone que en demandas civiles,
para su procedencia, no se requiere desaforar a los servidores públicos. Y
aunque así lo fuera, de desaforarlos, no pierden la calidad de servidores
públicos, solamente se les quita el obstáculo a las autoridades penales para
proceder en contra de ellos penalmente con motivo de actos en el ejercicio
de su función que constituyen delitos.
En conclusión, el fuero constitucional es otra garantía parlamentaria
de los diputados federales y senadores, que les protege contra cualquier
acusación de tipo penal motivada por algún acto u omisión realizado en el
ejercicio de la función de legislador, pues el Ministerio Público no podrá ejercer
acción penal ni el juez penal podrá procesarlo y condenarlo, hasta en tanto la
Cámara de Diputados determine y declare que ha lugar a proceder en contra
del inculpado. Lo cual impide que los legisladores en su quehacer legislativo
estén expuestos a acusaciones penales falsas o sin elementos probatorios