Hacia un Diagnóstico de la Vivienda Popular - HDRNet

La Ley 41 de 1948: autoriza a los municipios a disponer delos ejidos (lotes de tierra reservados desde la época de lacolonia española) para resolver problemas de viviendapopular en las grandes ciudades.La Ley 132 de 1948: garantizó a los profesionales quehubieran ejercido su profesión en el país por más de 10años para exigir al ICT la asignación de una vivienda urbana.El decreto 1132 de 1953 autorizó al BCH a comprar bienesinmuebles para vivienda y lotes; y para construirdirectamente o por contrato programas de vivienda.El decreto 1371 de 1953 llamado también Código SanitarioNacional estableció las condiciones que debían cumplir lascasas, apartamentos, pasajes (hoy conocidos comoinquilinatos) y urbanizaciones destinadas a vivienda social.El decreto 1465 de 1953 autorizó al ICT a emitir bonos paracaptación de recursos que le permitieran adelantarprogramas de vivienda social.El decreto 1894 de 1953 creó el Instituto Colombiano deColonización e Inmigración para promover la ocupaciónde territorios sin explotar.El decreto 2462 de 1953 estableció un subsidio familiar paravivienda, estipulando un monto por cada hijo del beneficiario.En 1958 se produjo el primer PROGRAMA NACIONAL DEDESARROLLO para el cual se hicieron los primeros estudiosde déficit cuantitativo de vivienda.El decreto 2968 de 1960 reglamento los fondos mutuos deinversión para grandes empresas, mediante los cuales conun ahorro programado y un aporte por partes iguales de laempresa y el trabajador, este último podría adquirir vivienda.El decreto 2349 de 1965 intentó fomentar el ahorrodestinado a vivienda creando el Banco de Ahorro y Vivienday las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Préstamo.3. Fase de transición. 1965-1972.La precisión mayor en el funcionamiento de las entidadespromotoras y ejecutoras de vivienda social y la recienteaparición del Banco de Ahorro y Vivienda y de lasAsociaciones Mutualistas generaron un cambio en el modode enfocar todo el tema de la vivienda en donde había mayorcaptación de ahorros para ejecución de macroproyectos devivienda. Esto daría como resultado la transformaciónplanteada a partir de 1972.El decreto 3118 de 1968 crearía el Fondo Nacional delAhorro, la última de las grandes entidades del estadoorientada a la vivienda financiación de programas paratrabajadores del estado.En 1968 se creó el Consejo Superior de Vivienda yDesarrollo para disponer políticas y regular todo loconcerniente a Desarrollo Urbano y Vivienda.4. Fase de Competencia. 1972-1990.Los decretos 677 y 678 de 1972 marcaron un cambioradical en los sistemas de financieros en Colombia. Secrearon la Junta de Ahorro y Vivienda y el Fondo deAhorro y Vivienda FAVI en el Banco de la República elcual operaria dentro del sistema del “valor constante”.También se crearon las corporaciones de Ahorro y Viviendacon el objetivo de promover el ahorro privado y canalizarlohacia la construcción; en concordancia con la teoría de lossectores líderes de Lauchlin Currie. La operación de lascorporaciones nuevas se haría dentro del sistema del valorconstante apareciendo el UPAC (unidad de poder adquisitivoconstante)Se generó una competencia entre el enfoque de lasentidades del estado ejecutoras de programas de vivienday el trabajo de facilitadores de recursos de las corporacionesde ahorro y vivienda entrando los constructores privados aintervenir con mayor fuerza en ejecución y venta deprogramas de vivienda; a tal punto que 20 años despuéslas entidades estatales destinadas a construir viviendahabrían desaparecido o se modificarían.Este cambio de estrategias financieras llevo al sector de laconstrucción a ser el principal aportador al PIB en adelante.El decreto 2404 de 1974 permitió al BCH abrir una secciónde ahorros para otorgar créditos hipotecarios dentro delesquema del valor constante.La ley 20 de 1976 creó el Fondo de Vivienda Rural al interiorde la Caja Agraria.La ley 20 de 1976 suprimió la Junta de Ahorro y Vivienda ytrasladó sus funciones a otras entidades del estado.La ley 30 de 1985 actualizó las normas sobre vivienda obreraen los municipios previstas en la ley 61 de 1936 y en eldecreto 1465 de 1953, autorizando a los municipios aadelantar programas conjuntos con el ICT o con entidadesprivadas que cumplieran la misma función.La ley 9ª de 1989 incorporó importantes herramienta a favorde los municipios y de su desarrollo urbano, entre las cualesse pueden destacar la regulación de temas como bancosde tierra, extinción de dominio, espacio público, vivienda deinterés social e innovadores instrumentos tributarios comola plusvalía.En los decretos 2391 y 3042 de 1989 se encuentradefiniciones claras de organizaciones populares de vivienda,sistema financiero de economía solidaria, sistemas deautogestión o participación comunitaria, definiciones devivienda nueva y mejoramiento, definición de vivienda deinterés social y rangos de la misma.El decreto 0163 de 1990 determinó que la VIS no puedeser financiada por las corporaciones de ahorro y viviendamediante el sistema UPAC y establece otros mecanismosfinancieros para la amortización de la deuda.capítulo UNO 132