Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007

682 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2007De lo expuesto en párrafos anteriores, se desprende que la Corte Constitucionalde Colombia acoge como criterio de interpretación del artículo 20 superior ladoctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretarel artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. La exigencia de veracidad y deimparcialidad contenidas en el artículo 20 no pueden, por tanto, interpretarse demodo tal que se exija prueba incontrovertible acerca de que la información publicadao emitida sea verdadera o imparcial. De ser esto así, el precio de la verdad y de laimparcialidad sería el silencio y significaría una clara amenaza para la democracia.En consecuencia, dado que el informe periodístico no había sido hecho con laintención de dañar y que el periodista había realizado el trabajo con seriedad y responsabilidad,consultando a las fuentes apropiadas, la Corte amparó el derecho a la libertadde expresión.8. Otros asuntos que han sido resueltos con apoyo en las sentenciasy opiniones consultivas de la Corte InteramericanaOtros temas han sido resueltos por la Corte Constitucional con apoyo en lassentencias y las decisiones consultivas de la Corte Interamericana. Así por ejemplo, laCorte Constitucional ha considerado que viola el derecho a un recurso efectivo, integradoal bloque de constitucionalidad, la decisión de la Corte Suprema de Justicia deno admitir la procedencia de la acción de tutela contra sus decisiones de última instancia.En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha aplicado, entre otras, la doctrinacontenida en las opiniones consultivas n. o 11, de 1990, y n. o 16, de 1999. 38 Enidéntico sentido, la Corte encontró que las normas sobre notificaciones judiciales deasuntos relacionados con contratos de arrendamiento no permitían a las partes elejercicio del derecho de defensa y vulneraban el derecho a un recurso efectivo en lostérminos de la doctrina de la Corte Interamericana. 39 En otro caso distinto, la jurisprudenciaconstitucional encontró que algunas decisiones judiciales que limitaban el derechoa la estabilidad judicial de los trabajadores con fuero sindical vulneraban el derechode asociación sindical en los términos en que este derecho había sido protegidotanto por la propia Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de DerechosHumanos. 40En otros muchos casos la Corte ha interpretado el derecho al debido proceso en lostérminos en los cuales este derecho ha sido interpretado y garantizado por la Corte Interamericana.41 Incluso ha trasladado estas reglas al ámbito administrativo al considerar que38Corte Constitucional, auto 198/05 y sentencia T-016/06.39Corte Constitucional, sentencia C-820/03.40Cf., entre otras, la sentencia T-1108/05.41Cf., entre otras, la sentencia C-251/02, sobre la necesaria imparcialidad e independencia de losfuncionarios judiciales. En esta decisión la Corte Constitucional cita, entre otros, los casos CastilloPetruzzi, sentencia del 30 de mayo de 1999, § 130, y Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto se2000, § 114.