Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO - REFLEXIONES SOBRE LA EXISTENCIA... 703• Al momento de la sentencia de la Corte Interamericana (21 de junio del2002), de las 31 presuntas víctimas, 29 se encontraban detenidas en las prisionesde Trinidad y Tobago y en espera de su ejecución en la horca, y las dosexcepciones eran Joey Ramiah, que había sido ejecutado, y Wayne Matthews,cuya pena fue conmutada.3. Derechos analizados en la sentencia sobre el fondoEn su sentencia sobre el fondo, la Corte analizó si el Estado de Trinidad y Tobagoera responsable de la afectación de los siguientes derechos reconocidos en la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención), respectoa las 31 personas que fueron juzgadas y condenadas a pena de muerte en aplicaciónde la Ley de Delitos contra la Persona:• derecho a la vida;• derecho al debido proceso;• derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales;• derecho a la integridad personal.A la vez de señalar en cada sección lo que finalmente resolvió la Corte sobrecada derecho, mencionaremos también las reparaciones correspondientes adoptadaspor este tribunal. 13.1. Derecho a la vidaEl artículo 4. o de la Convención reconoce el derecho a la vida y establece medidasorientadas a garantizarlo. De los seis incisos relacionados con este derecho, cinco serefieren a la pena de muerte. El caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros constituyela primera sentencia de la Corte en un caso contencioso relacionado con la aplicación dela pena capital.El análisis de la Corte relacionado con el artículo 4. o de la Convención se puededividir en dos temas. Por un lado, el análisis de la Ley de Delitos contra la Persona,por medio de la cual fueron juzgadas y sentenciadas a pena de muerte todas laspresuntas víctimas de este caso, y, por otra parte, el incumplimiento de las medidasprovisionales adoptadas a favor de una de ellas.3.1.1. Legislación sobre pena de muerte incompatible con la ConvenciónEn este caso, la Corte evaluó la compatibilidad entre la Ley de Delitos contra laPersona de Trinidad y Tobago y los artículos 4.1, 4.2 y 2 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos. La idea central respecto a este tema giró en torno a que