Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007

502 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2007cia constituye el factor predominante de diferencia entre una y otra medidas restrictivasde la intimidad personal.Sin embargo, justo es reconocer que la mayoría de la doctrina alemana opta porrestarle importancia a tal distinción, por cuanto ésta carece de cualquier efecto práctico.En efecto, la regulación, el procedimiento y las consecuencias jurídicas derivadasde su práctica son iguales para uno y otro evento, de modo que legislativamente resultaríainútil llevar a cabo tales distinciones. 15Situación similar en cuanto a la indefinición conceptual de las intervencionescorporales es la presentada en España. Ante las dificultades acrecentadas por laausencia de una adecuada regulación legal, el Tribunal Constitucional español, ensentencia 207 de 1996, 16 hizo una diferenciación fundada en el derecho fundamentalpreponderantemente afectado, entre “inspecciones y registros corporales”, por unlado, y las “intervenciones corporales”, por otro. Las primeras, es decir, las inspeccioneso registros corporales, son aquellas en las que “en principio no resulta afectadoel derecho a la integridad física, al no producirse, por lo general, lesión o menoscabodel cuerpo, pero sí puede verse afectado el derecho fundamental a la intimidadcorporal (art. 18.1 CE) si recaen sobre partes íntimas del cuerpo, como fue el casoexaminado en la STC 37/1989 (examen ginecológico), o inciden en la privacidad”.Tales inspecciones o registros corporales pueden consistir, de acuerdo con dicha sentencia,en “cualquier género de reconocimiento del cuerpo humano, bien sea para ladeterminación del imputado (diligencias de reconocimiento en rueda, exámenes dactiloscópicoso antropomórficos, etc.) o de circunstancias relativas a la comisión delhecho punible (electrocardiogramas, exámenes ginecológicos, etc.) o para el descubrimientodel objeto del delito (inspecciones anales o vaginales, etc.)”.En cambio, en las intervenciones corporales “el derecho que se verá por reglageneral afectado es el derecho a la integridad física (art. 15 CE), en tanto implicanuna lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de su apariencia externa”. Consistentales intervenciones corporales, de acuerdo con el Tribunal Constitucional español,“en la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos para sersometidos a informe pericial (análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc.) o ensu exposición a radiaciones (rayos X, TAC, resonancias magnéticas, etc.), con objetotambién de averiguar determinadas circunstancias relativas a la comisión del hechopunible o a la participación en él del imputado”. Ahora, atendiendo al grado de sacri-15González Cuéllar Serrano: o. cit., p. 290.16STC-207 de 1996, M. P. Vicente Gimeno Sendra. Esta sentencia del Tribunal Constitucionalespañol es paradigmática en el tratamiento del tema que nos ocupa. Se trata de un recurso de amparointerpuesto en contra de una decisión del Juzgado de Instrucción, en virtud de la cual se había ordenadola práctica de una diligencia sobre el imputado consistente en el corte de cabello de diferentes partes dela cabeza y la totalidad del vello de las axilas, a fin de someterlos a estudio pericial para determinar si lapersona era consumidora de sustancias estupefacientes.