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en los aspectos afectivos y económicos. Esta investigación es de orden cualitativo, por lo
que maneja opiniones en lugar de cifras y datos estadísticos para analizar la
problemática. Se presentan 6 casos de reclusas que llevan entre 4 meses y 2 años
internadas. 4 de los 6 casos tienen una familia unida y 2 una familia desintegrada. Una
entrevista semi-estructurada se realizó a los 6 casos, con lo cual se obtuvo la información
necesaria para arribar a conclusiones acerca del tema. A través de la entrevista las
reclusas expresaron lo que ellas creen que han sido los efectos de su tiempo en prisión.
En general, describen como muy negativos los efectos de su reclusión respecto a sus
familiares, afirmando que varios de sus hijos han dejado sus estudios académicos, al
verse obligados a trabajar para mantener la estabilidad familiar. En uno de los casos, el
esposo perdió su trabajo al revelarse que su esposa había sido arrestada. Además de la
estabilidad familiar, la relación que tienen las reclusas con sus parejas y con sus hijos se
vieron afectadas, así como los valores familiares y la estigmatización social.
El Capítulo Cuarto, bajo el título de “La discriminación hacia la mujer en prisión:
problema cultural ¿solución institucional?”, resalta cómo la mujer suele enfrentar un
castigo doble cuando infringe la ley. Al tiempo de purgar su condena en la cárcel, las
mujeres viven sistemáticamente una censura moral por parte de la sociedad al no
cumplir con los estereotipos sociales previstos para el sexo femenino, en sus roles como
mujer y madre; ello debido en gran parte por las restricciones que el propio esquema
carcelario conlleva. El texto se pronuncia porque desde una visión de género, Estado y
sociedad trabajen dentro de políticas encaminadas a la administración y manejo del
sistema penitenciario mexicano.
El Capítulo Quinto, Pobreza y pobreza extrema, realidad latente en las familias
carcelarias: el caso de Nuevo León, analiza a profundidad el aspecto económico en las
familias de los reclusos. El análisis parte del dato de que la mayoría de las personas que
son recluidas ya están en un nivel socioeconómico bajo, y que el hecho de entrar en el
sistema de reinserción tan sólo empeora la situación económica del recluso y de su
familia. El 64.2% de las familias de los internos se ubica en una situación de pobreza
extrema, mientras que el 29.1 en una situación de pobreza. Comparado con otros
estados, Nuevo León no está cerca de ser la entidad con mayor índice de pobreza; sin
embargo, este es un fenómeno que afecta a cientos de miles de personas en el Estado, y a
una gran proporción de los internos. Hay una correlación muy notoria entre la falta de
recursos y la falta de educación, y otra correlación –más notoria- entre la falta de
educación y la delincuencia. Las personas que se encuentren en un bajo nivel socio
económico son más propensas a ser recluidas. Los resultados de la investigación
muestran que la mayoría de las personas entrevistadas (26.4%) tienen una edad inferior
a los 30 años, lo cual significa que están en plena edad productiva, y su ausencia en el
núcleo familiar, es una gran traba en la estabilidad económica. El 68.2 % de los
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